El Gobierno aprueba para la banca un aval de 30.000 millones en impuestos

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El Consejo de Ministros da luz verde a un decreto ley para que los activos fiscales se aprovechen como capital de máxima calidad

29 de noviembre de 2013 (16:31 CET)

El Gobierno ha aprobado este viernes una nueva reforma que afecta al sistema bancario. Se trata del decreto ley que traspone la directiva europea sobre solvencia, recogida en las normas contables conocidas como Basilea III. La consecuencia inmediata es que la banca se ahorrará 30.000 millones. Podrá contabilizar los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) como capital de máxima calidad.

La novedad se vehiculará a través de una modificación del impuesto de sociedades. Si no se hubiera cambiado el actual sistema, a partir de 2014 los importes reducirían los niveles de solvencia. Ahora queda avalado el aprovechamiento de estos recursos.

Los DTA se generan a partir de determinados costes que no han deducido impuestos cuando se producen, pero que alimentan un crédito con Hacienda. Por ejemplo, las dotaciones que los bancos han realizado en los últimos años para protegerse contra el ladrillo cuentan para el Estado cuando se produce la pérdida que cubren. De ahí, que el Gobierno "haya reconocido este derecho".

Sin impacto en la deuda

El ministro de Economía, Luis de Guindos (IND), ha explicado que existen 70.000 millones en DTA, de los cuales 50.000 son atribuibles a la actividad en España.

La banca podrá retener en torno al 60%: unos 30.000 millones, según ha explicado. La reforma afecta a los DTA procedentes de fondos de pensiones, insolvencias y provisiones para activos adjudicados. La enésima reforma del sistema “no tendrá impacto ni en la deuda ni en el déficit público", ha subrayado De Guindos tras el Consejo de Ministros.

Un asunto contable


Ha insistido en que no hay una transferencia de capital, sino que se trata “de un asunto meramente contable”. Hasta ahora, los bancos tenían 18 años para aprovechar los activos fiscales.

La reforma garantiza que se monetizan incluso si vence ese plazo o si el banco acaba echando el cierre. Dicho de otro modo, las entidades tenían 18 años de plazo para obtener los beneficios suficientes para absorber los créditos fiscales. Ahora si no lo consiguen, entrará en funcionamiento el aval del Estado.

Favorece las entidades públicas


La decisión de este viernes beneficia en particular a los bancos nacionalizados: Bankia, CatalunyaCaixa y Novagalicia. Se trata de grupos que han generado miles de millones en pérdidas por las provisiones que han necesitado para contrarrestar la pérdida de valor de sus activos.

El ministro ha reconocido que el cambio normativo facilitará la privatización de la entidad gallega. Los derechos fiscales derivados del saneamiento serían aprovechados por la entidad compradora.
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