El FROB va a por todas para destapar las irregularidades en Novagalicia

Novagalicia está a punto de ser vendida formalmente a Banesco, la entidad venezolana que preside Juan Carlos Escotet y que resultó ganadora de la subasta competitiva puesta en marcha por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a finales del año pasado. No obstante, el organismo que preside Fernando Restoy parece decidido a depurar responsabilidades entre los antiguos gestores de la firma gallega. Todos los que, durante los últimos años, hayan realizado alguna operación “que haya tenido un impacto patrimonial significativo en la entidad y que presente indicios de irregularidad o no responda a una finalidad económica lógica”.

Así se desprende de la nota remitida por el fondo bancario la tarde de este viernes. El FROB no da nombres, pero sí indica que su comisión rectora ha aprobado promover la realización de 90 análisis forensic dentro de aquellas entidades de crédito en cuyo capital participa. Auditorías realizadas por terceros que investigan todos los entresijos de una empresa. Del tipo de la que KPMG realizó en Pescanova y acabó decantando la dimisión de Manuel Fernández de Sousa tras destapar todo un entramado de facturas falsas.

Investigaciones desde hace meses

El FROB no se refiere expresamente a Novagalicia ni a ninguna de las nacionalizadas en los últimos años, aunque el proceso judicial en marcha contra los ex directivos de percibieron indemnizaciones millonarias mientras la caja fusionada agonizaba hace pensar que se encontrará entre las señaladas para realizar los forensics.

Desde que el pasado mayo, el organismo aprobara un protocolo de actuación “previo al ejercicio de acciones judiciales” ha estado analizando diversas operaciones sospechosas realizadas por las entidades que tuvieron que ser intervenidas y rescatadas con dinero público. Restoy ha prestado especial atención a las operaciones “de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles y participaciones, además de renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, cancelación de deudas, ventas de inmuebles adjudicados, pago de comisiones, operaciones de inversión o aquellas que hayan dado lugar a importantes pérdidas para la entidad y a la modificación de los contratos de directivos”.

Según el FROB, con la puesta en marcha de estos análisis independientes se determinarán “eventuales responsabilidades de administradores y directivos”. Hasta el momento, se ha personado en 10 causas penales.

Los juicios en Galicia

El anuncio del FROB se produce tan sólo un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya dado el primer paso para sentar en el pasillo al presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y a otros cuatro antiguos directivos que, presuntamente, con su colaboración, se hicieron con indemnizaciones millonarias de espaldas al Banco de España y al consejo de la caja fusionada. Se enfrentan a delitos de estafa y apropiación indebida, con penas que oscilan entre uno y seis años de cárcel.

No obstante, en el verano de 2012, el magistrado desestimó la tramitación de una denuncia presentada contra el histórico director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y contra sus hijos, Lis y Yago. Se los acusaba de delitos societarios, apropiación indebida y administración desleal y fraudulenta. El auto indicaba que si bien se les podía achacar una “mala gestión” no se podía llegar “a la órbita penal”.

Méndez se jubiló poco antes de la fusión de las dos cajas gallegas con 16,5 millones. No formaban parte de una indemnización, sino de un plan de pensiones.

El precedente de la CAM

De forma paralela, el jueves, la Fiscalía pedía a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuatro años de cárcel para el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y dos años y seis meses para Juan Ramón Avilés, el ex presidente de la comisión de control de la entidad, rescatada en 2011 con más 5.000 millones. Los acusan de crear una comisión ficticia con la que conseguían dietas millonarias. El FROB, que designó al abogado de la CAM, pide penas muy superiores. Seis años para el primero y diez para el segundo.