El FROB responde a los empresarios que perdieron su dinero en NCG: “Son inversores cualificados”

Segunda y última sesión del juicio por la demanda presentada por empresarios gallegos contra el FROB y Novagalicia por la operación acorderón llevada a cabo y que borró de un plumazo su inversión millonaria. Los abogados del fondo bancario se han limitado a asegurar que las fortunas que vieron como su aportación económica se esfumaba eran “inversores altamente cualificados”, por lo que no hay lugar para el engaño.

El representante del Fondo de Reestructuración también negó que existiese “mala fe”, algo que le ha reprochado, en este caso, el abogado de los demandantes, Hijos de Rivera, Inversiones Gallegas del Cable, Coren, Inversiones Subel, Jealsa, Concable y Copasa, que aseguran que les vendió acciones de una “entidad quebrada”.

«Máximo secretismo»

En la lectura de sus conclusiones, el abogado demandante ha sostenido también que tanto el FROB como NCG actuaron «con el máximo secretismo» sobre las cuentas de la entidad «para no alarmar al mercado». Por el contrario, la abogada del Estado ha manifestado que estos empresarios no responden «al perfil» de los preferentistas.

«Estamos ante inversores altamente cualificados», ha sostenido al argumentar que el ajuste retroactivo que se aplicó a las cuentas de 2010 era «evidente» y que no les causó «perjuicio».

«El perjuicio lo sufren después por las medidas extraordinarias de 2012», ha dicho sobre la nueva regulación que exigía provisiones adicionales a las entidades bancarias.

Un coche mal valorado

Utilizando el símil del coche empleado por el presidente de Inversiones Gallegas del Cable, Roberto Díaz, quien sostuvo en su declaración que se les vendió un vehículo «embargado», la abogada del Estado ha defendido que los inversores adquirieron «un coche de segunda mano valorado por un perito en 3.000 euros y no 30.000».

Con esta comparación, ha defendido que los inversores compraron sus acciones en base a una valoración de la entidad por importe de 181 millones de euros, algo que rechazan los demandantes. «Ahora no se puede decir que creían que compraban un coche nuevo», ha apostillado la letrada.

Antes, el abogado de los demandantes ha dicho que sus clientes –que compraron las acciones en enero– conocieron «en mayo de 2012» el ajuste contable retroactivo que se aplicó y que supuso, según ha expuesto un perito aportado por esta parte, un «déficit» en su capital de 948 millones de euros.

Ajuste contable

También ha sostenido que en diciembre de 2011 los administradores de la entidad conocían la necesidad de realizar ese ajuste. Esta afirmación la ha corroborado el auditor de NCG que ha declarado como testigo.

En concreto, Miguel Ángel Bailón ha admitido que por parte de los administradores se habló, en una reunión del 15 de diciembre, de «la posibilidad» de hacer el citado ajuste. Del mismo, ha precisado que no tenía que estar registrado hasta los siguientes «estados financieros que finalizan en marzo de 2012», ha apostillado.

Peritos

En el juicio, también han declarado tres peritos. El aportado por los demandantes ha rechazado que en la documentación remitida a los inversores hubiese datos «que pudiesen indicar» el ajuste que luego se realizó «y sobre todo de esa magnitud».

Tesis contraria han mantenido los peritos de la parte demandada. «A nadie le ponen una pistola en la cabeza para firmar un contrato», ha llegado a decir uno de ellos, para quien el valor de la entidad cuando entró el FROB era ya «una evidencia» de que había que realizar el citado ajuste.