El FROB ‘racanea’: revisará todas las sentencias a favor de preferentistas de NCG

Ofrece 229.000 a una empresa por analizar 11.000 expedientes de reclamación

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Cuando el FROB activó la subasta de la antigua Novagalicia sabía que había un escollo importante que alejaba a los posibles compradores: las reclamaciones judiciales de los miles de preferentistas atrapados en el rescate de la entidad y que vieron como parte de sus ahorros se esfumaba de un plumazo. Por eso, el fondo bancario estipuló que se encargaría de abonar el 85% de las compensaciones que la justicia determinase que se debían abonar a estos pequeños inversores. Es por este motivo que el organismo que preside Fernando Restoy ha decidido encargar a una empresa privada la revisión de todos los fallos judiciales en contra de la entidad.

Así, el FROB ha puesto en marcha un concurso público de adjudicación para que una empresa se encargue de analizar y verificar cada una de las cantidades reclamadas al organismo derivadas de sentencias judiciales contrarias a la entidad anteriormente presidida por José María Castellano.

Más de 11.000 expedientes

Las compañías interesadas tenían hasta este miércoles, 7 de enero, para presentar sus ofertas. En sus propuestas, según adelantó Cinco Días, deben informar de la experiencia del equipo de trabajo en asuntos económicos y jurídicos, además de tener «altos conocimientos de Excel».

El contrato que ofrece el FROB durará hasta marzo de 2016 y supone la revisión de, aproximadamente, 11.000 expedientes. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ofrece hasta 229.000 euros a la empresa que realice este trabajo.

Proceso pionero

El FROB asegura que no pone en duda las sentencias judiciales que determinaron que existió una mala comercialización de productos híbridos, tanto preferentes como subordinadas, a inversores no cualificados, sin embargo, dice que sí es necesario revisar que las cantidades reclamadas ahora y que deberá abonar son las correctas.

Es la primera vez que el organismo dependiente del Banco de España se enfrenta a un proceso de este tipo y la primera vez que debe pagar parte de las sentencias judiciales contrarias a una entidad.

En diciembre de 2013, el fondo de rescate bancario acordó la venta de Novagalicia a la venezolana Banesco por un total de 1.003 millones de euros. Ya entonces, se calculaba que el organismo estatal tendría podría tener que llegar a abonar unos 500 millones de euros en base a las garantías que asumió, como son pagar parte de las reclamaciones de preferentistas, la retirada de las cláusulas suelo hipotecarias o los swaps.

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