El FROB deja en el aire el impacto de los créditos fiscales en Novagalicia

Siguen las dudas sobre el proceso de subasta de Novagalicia a cuatro días de que se cierre el plazo, el próximo lunes, para que las entidades interesadas presenten una oferta vinculante por la entidad que preside José María Castellano. Este jueves era la fecha marcada para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) arrojase luz sobre la venta y definiese tanto el alcance del Esquema de Protección de Activos (EPA), un aval para cubrir potenciales pérdidas en la cartera de créditos de la nacionalizada, como el impacto de los créditos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés).

Nada de eso sucedió. La información aportada por el fondo bancario no establece el perímetro del esquema de protección de activos ni concreta los beneficios fiscales con los que podrá contar el comprador de NCG, una vez aprobado el pasado 29 de noviembre el decreto ley que los regula. Este jueves, se ha limitado a comunicar a los candidatos que los DTA oscilarán entre los 1.500 y 2.800 millones, según indican fuentes financieras.

Demasiado margen

Los créditos fiscales son una práctica bancaria que consiste en consignar en sus balances como activo real el ahorro en impuestos que permite la legislación al cerrar en pérdidas, aunque la realidad es que ese ahorro no se produce hasta que la entidad vuelve a tener beneficios. Son ahorros en impuestos futuros, una especio de crédito a favor de la entidad. El impacto que se había valorado para NCG era de 4.500 millones antes de que se concretase el decreto ley y derivaban de sus resultados negativos en 2012.

De esta cantidad, el banco que dirige José María Castellano tiene anotados en balance algo más de 2.000 millones, que son los que estimaba que podría aprovechar en los 18 años que tiene de plazo para su devolución en caso de continuar en solitario, de acuerdo con su tamaño.

Desde el inicio de proceso de privatización de Novagalicia, muchos daban por descontado que el impacto de los créditos fiscales en la entidad sería una de las piezas claves que decantaría el proceso hacia un lado o hacia otro. Ahora, aprobada la nueva normativa de los DTA, el FROB había asegurado que informaría a los interesados en la subasta de cómo se cuantificarían estos en el caso de la nacionalizada gallega. Sin embargo, la horquilla que va de los 1.500 millones a los 2.800 se antoja demasiado amplía para las entidades y fondos interesados en la financiera, que esperaban definir su oferta en base a este parámetro.

Todos descontentos

De entrada, la principal beneficiaria de las bonificaciones fiscales entre los candidatos a hacerse con NCG era la banca estatal, ya que los fondos extranjeros, con una menor previsión de beneficios al no integrar en su balance la actividad de NCG –como podría hacer Caixabank, por ejemplo–, optaban a utilizar un máximo de 2.000 millones de los 4.500 anotados antes de que se aprobase el decreto ley.

Sin embargo, el FROB ha establecido un margen tan amplio que es difícil de medir para cualquiera de los interesados. Precisamente, con el objetivo de que las ofertas que se deben presentar antes del próximo martes «no sean tan ajustadas», inciden fuentes próximas al proceso. Pero, en realidad, su falta de concrección ha generado un sonoro cabreo entre los candidatos, que recuerdan que están a cuatro días de la fecha límite para presentar ofertas vinculantes.

De entre las ofertas que se presenten, el organismo dirigido por Antonio Carrascosa seleccionará las tres mejores. Se activará posteriormente una segunda fase en el proceso de venta. Las tres entidades finalistas, tendrán opción de subir la apuesta y mejorar la cifra presentada para hacerse con Novagalicia.