El Fiscal de Galicia recomienda el arbitraje a los afectados por las preferentes

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Insiste en que en un mes presentará una demanda colectiva pero recuerda que, “los plazos de la Justicia son los que son”

25 de mayo de 2012 (18:47 CET)

El Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, aconsejó a los afectados por las participaciones preferentes contemplar la opción de acogerse al arbitraje, solución que propone la Xunta, por ser “una vía más rápida que la judicial”. La Fiscalía gallega anunció que en el plazo de un mes presentará una demanda colectiva, pero Varela recordó que “los plazos de la Justicia son los que son”.

“Muchos de los casos pueden ser susceptibles del arbitraje. Es una fórmula muy interesante que debe ser evaluada por los perjudicados ya que sería mucho más rápida que la vía judicial”, defendió Varela, tras la firma de un convenio con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda.

Preguntado por la demanda de las preferentes y sus plazos de resolución, el Fiscal ha indicado que, si a un afectado se le garantiza que va a recuperar el dinero porque el laudo arbitral “le será favorable”, este debe pensar “si le conviene” acogerse a esta fórmula y no esperar a una demanda judicial, puesto que la Justicia, insistió, “tiene sus plazos”.

Estudio de los contratos


En cualquier caso, Varela subrayó que el arbitraje es una vía “voluntaria” y que la acción que prepara la Fiscalía cubrirá aquellos casos en los que se constate que hubo “un abuso” a la hora de cerrar el contrato de la participación “por falta de información” y que decidan no optar por la vía arbitral.

En cuanto a la demanda de la Fiscalía, Varela subrayó que se están realizando los estudios correspondientes a los 500 primeros contratos, que la Consellería de Economía ha remitido a la Fiscalía a través del Instituto Galego de Consumo (IGC). Lo que se trata ahora es de determinar si fue o no un producto adecuado para un perfil específico de usuario.

La demanda se centrará en los pensionistas

“Si llegamos a la conclusión, como parece ser, por ejemplo en relación a los pensionistas, que fue un producto indebidamente comercializado, pues trataremos de conseguir que el juez declare que hubo una cláusula abusiva por falta de información suficiente y que, a partir de ahí, dicha cláusula sea expulsada del contrato y que los afectados puedan recuperar sus depósitos”, explicó.

Eso sí, ha advertido que esto no quiere decir que “todo el mundo” pueda ser “perjudicado” ni entre en el perfil que amparará la Fiscalía en su demanda, puesto que habrá usuarios, indicó, que suscribieron un contrato para este tipo de producto y sí disponían “de información suficiente sobre el mismo”.
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