El ex jefe inmobiliario de NCG logró créditos de Caixanova para su grupo promotor

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Delta Consultores, una de las empresas cabeceras del grupo de Gregorio Gorriarán y su hermano, firmó operaciones de deuda por 2,3 millones

Gregorio Gorriarán, a su llegada a la Audiencia Nacional

10 de enero de 2013 (21:51 CET)

La actividad profesional de Gregorio Gorriarán, primero en Caixanova y después en NCG, y la privada, en las empresas que controla junto a su hermano, llegaron a confluir cuando Delta Consultores Internacional, el holding que aglutina las participaciones del grupo familiar, firmó préstamos con Caixanova, entidad en la que trabajaba el ejecutivo ahora imputado por la Audiencia Nacional. Así figura en las cuentas y en la memoria de actividad de Delta Consultores presentadas en el Registro Mercantil.

Las deudas a largo plazo contraídas por la firma con sede en Muskiz (Vizcaya), de la que Gorriarán fue administrador mancomunado hasta abril de 2009, arrojan un saldo de 2,3 millones de euros solamente en 2010. De ellas, un total de 1,6 millones son pólizas de préstamos firmadas con bancos y cajas. Entre ellas, aparecen tres entidades: Caixanova, Banco Guipuzcoano y la Kutxa. La compañía no detalla los créditos con cada entidad. Aunque con un endeudamiento más limitado, en el ejercicio anterior, el de 2009, también figuraban en las cuentas de Delta las mismas entidades como financiadoras. En esa etapa, meses antes de la fusión con Caixa Galicia, Gorriarán era director general adjunto de Caixanova, y también responsable de su división comercial.

Grupo promotor

El ejecutivo, que ha tenido que responder a una fianza de 1,2 millones de euros impuesta por la Audiencia Nacional por el cobro de indemnizaciones millonarias junto a otros tres ex directivos, controla junto a su hermano, a través de Delta Consultores, un grupo con participaciones directas en al menos otras seis empresas (Pedreñatel SL, Barbadún Inveriones 2005 SL, Delta-Piedra CB, Gruinber SL, Bizkaietxea SL y Bilbao Desarrollos Urbanos SL), a las que suma otra sociedad controlada directamente por él, Gestión Patrimonial Muskiz, con filiales de reciente constitución, una de ellas domiciliada en Vigo: Valle Rojo Inversiones. Prácticamente todas las empresas están relacionada con el ladrillo, ya sea como promotoras, arrendadoras de inmuebles o constructoras de edificios residenciales. Al margen de su actividad, Delta Consultores se convirtió en una firma tenedora de acciones de otras empresas.

Cuando se produce la fusión entre Caixanova y Caixa Galicia, a finales de 2010, Gorriarán se posiciona entre los nuevos hombres fuertes de la entidad resultante y logra hacerse con el control de toda la división inmobiliaria de la que más tarde sería NCG. En marzo de 2011 es nombrado consejero y presidente de NCG División Grupo Inmobiliario. Poco tiempo permanecería en el cargo. En septiembre de dicho año, en una etapa convulsa en la entidad y tras la llegada de José María Castellano a la presidencia, renuncia a ambos cargos, siendo sustituido por un ejecutivo procedente de Caixa Galicia: Francisco Zamorano. Gorriarán se sentó en numerosos consejos de administración de inmobiliarias en las que tuvieron una participación significativa, primero Caixanova y, después, NCG.

Sin rastro en NCG

Bajo la órbita de Gorriarán, la división inmobiliaria de NCG llegó a tener unos activos de 2.363 millones de euros, con medio centenar de participaciones en inmobiliarias de lo más diverso, y un patrimonio de 536 millones, según los informes de la firma depositados en el Registro Mercantil. La etapa de Gorriarán en la división inmobiliaria de NCG fue breve, entre marzo y septiembre de 2011. Quizá por ello, los administradores de la compañía se cuidaron mucho al presentar las cuentas de asegurar que “al cierre de 2011 los miembros del consejo no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto” de NCG División Grupo Inmobiliario SL.

A Gorriarán, que tiene que comparecer cada quince días en los juzgados, se le exigía en la querella presentada por Anticorrupción la devolución de al menos 913.602 euros, además de otras cantidades. Cuando abandonó NCG, su plan de pensiones ascendió a 9,2 millones de euros, y su indemnización, a 4,8 millones.
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