El cerco judicial se estrecha sobre la cúpula de las antiguas cajas gallegas

El FROB presentará ante la Fiscalía supuestas irregularidades por Novacaixagalicia relacionadas con el mercado inmobiliario

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El cerco judicial se estrecha sobre la antigua cúpula de Novacaixagalicia y las cajas gallegas por las supuestas irregularidades cometidas que desembocaron en la bancarización, nacionalización y subasta de la entidad fusionada. El ministro de Economía, Luis de Guindos, informó este miércoles que el FROB están investigando para su envío a la Fiscalía hasta 20 operaciones de crédito realizadas por la entidad gallega y por CatalunyaCaixa. Las actividades sospechosas están relacionadas con operaciones de crédito e inmobiliarias.

El cerco judicial parece cerrarse en torno a la cúpula de las antiguas cajas, a tenor de los juicios y denuncias iniciadas en los últimos tiempos. La noticia de De Guindos salta una semana después de que en Galicia el sindicato CIG denunciase, a raíz de una información que le llegó de forma anónima, que la mujer de José Luis Méndez (director general de Caixa Galicia) compró en los años anteriores a la fusión de las cajas 14 inmuebles a la entidad de su marido a precios por debajo del valor del tasación. Matilde Pascual, siempre según la información del sindicato, habría formalizado la separación de bienes de su cónyuge antes de adquirir los pisos, sitos en A Coruña y Compostela.

Actividades inmobiliarias

El sindicato remitió a la Fiscalía la información recibida, por si cabe la posibilidad de iniciar una investigación. La sospecha de presuntas irregularidades relacionadas con el mercado inmobiliario no es nueva. De hecho, diversas fuentes de las antiguas cajas fusionadas aseguran que era práctica habitual por parte de ciertos mandos intermedios de la antigua corporación industrial del banco comercializar inmuebles a través de canales alternativos, en algunos casos relacionados con familiares directos.

Con la llegada de Juan Carlos Escotet a Novagalicia el propietario de Abanca encargó una revisión y valoración de todos los activos del banco. Pero antes de ese paso, ya se puso en marcha, tras la fusión, una auditoria forensic que se centró tanto en Rúa Nova, la sede de NCG en A Coruña, como en García Barbón, en Vigo.

El objetivo de aquel análisis era rastrear todos los movimientos de los Pego, Estrada, García de Paredes y Gorriarán. Los ex directivos que se llevaron multimillonarias indemnizaciones y ahora se enfrentan a la Audiencia Nacional.

Indemnizaciones millonarias

Y es que más allá de este último anuncio por parte de De Guindos, la cúpula de las antiguas cajas ya está ante los juzgados por diversas causas. El pasado verano, el juez Ismael Moreno abrió juicio oral contra los cuatro directivos de las indemnizaciones millonarias, así como contra Julio Fernández Gayoso (ex presidente de Caixanova). En su escrito de acusación provisional, anticorrupción solicitó tres años de prisión para los acusados por delitos de apropiación indebida y estafa.

En julio, la CIG también presentó una querella ante la Audiencia Nacional en la que solicita la imputación de numerosos ex directivos de Caixa Galicia, Caixanova y NCG por la comercialización de preferentes. Entre ellos se encuentra el propio Méndez, su hijo Lis, Gayoso y Pego.

Aún no hay pronunciamiento sobre la querella, pero la Audiencia Nacional ha imputado recientemente a las cúpulas de Caja España y Caja Duero por la comercialización de productos complejos de forma masiva.

Comisión de investigación

Ante el anuncio de De Guindos, la oposición en el Parlamento de Galicia (PSOE, AGE y BNG) han reclamado información sobre si las antiguas cajas también llevaron a cabo operaciones con tarjetas opacas, como en el caso de Caja Madrid. Tanto AGE, como el Bloque han reclamado la reapertura de la comisión de investigación en el Parlamento.

A última hora del miércoles, los grupos parlamentarios de PP y BNG sellaron una transacción que acuerda la «continuidad» de la comisión de investigación de las antiguas cajas, con objeto de analizar si alguno de sus directivos se enriqueció ilícitamente a costa de la entidad gallega.

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