Créditos fiscales por 2.000 millones en el balance de NCG condicionan su subasta

La privatización de NCG Banco que arranca esta semana con la distribución de su cuaderno de venta tiene que superar varios escollos, incluso normativos. La gran banca negocia contrarreloj cambios legales que afectan directamente al proceso de venta de la entidad presidida por José María Castellano. El Gobierno tiene hasta final de año para negociar cambios normativos con el fin de que las entidades financieras adapten sus balances e incluyan en el cómputo de su capital los créditos fiscales, ya que de otro modo partirían en desventaja a sus socios comunitarios con la entrada en vigor de la normativa Basilea III. El próximo año, la legislación bancaria europea obligará a ir restando esos activos del capital de las entidades.

Los créditos fiscales, como activos diferidos, son una práctica habitual en la banca, que consiste en consignar en sus balances como un activo real el ahorro en impuestos que permite la legislación por cerrar en pérdidas, aunque realmente ese ahorro no se produce de forma efectiva hasta que la entidad vuelve a tener beneficios. Son ahorros en impuestos futuros, con plazos de hasta 18 años para hacer frente a esos pagos.

La mayor parte de estos activos por impuestos diferidos se habría generado por la compensación de pérdidas en el proceso de saneamiento de las carteras de créditos a la clientela, bien directamente contra resultados del ejercicio, bien contra reservas en las combinaciones de negocio, como sucedió con las fusiones.

Nuevo escenario

En un escenario que se acaba de abrir con urgencia, la venta de NCG, una de las principales reclamaciones de Santander, BBVA y Caixabank para participar en las subastas de Novagalicia y Catalunya Banc es precisamente que se permitan activar todos los créditos fiscales de estas entidades. La firma catalana tiene activados algo más de 1.000 millones y NCG, cerca de 2.000 millones.

Además, según Cinco Días, los compradores piden que se computen como capital desde el primer momento en el que se adquiera una de estas dos entidades sus activos fiscales diferidos, y es aquí donde entra el cambio de norma de Basilea III. Este colchón fiscal sería el sustituto del conocido esquema de protección de activos (EPA) para endulzar la compra.

Recuperación de los créditos

¿Y cómo afronta NCG esta digestión? Pues en las notas del balance, al cierre del pasado año, los gestores de la entidad presidida por José María Castellano consideran que “las bases imponibles positivas a obtener por el banco en el plazo legal establecido por la normativa vigente permitirían recuperar los activos fiscales diferidos registrados en el balance del banco al cierre de 2012 por importe de 1.921 millones de euros, de un total de activos fiscales diferidos de 4.128 millones”.

Que los créditos fiscales iban a ser un caballo de batalla para NCG ya lo tenían claro sus gestores hace unos meses, cuando cerraron y presentaron las cuentas de 2012. En los comentarios al balance hacen referencia a que “las oportunidades de planificación fiscal de que dispone el banco dentro de la hipótesis de continuidad presenta una alta probabilidad de ocurrencia (…) y permitirá la viabilidad del banco por un período indefinido, integrado como filial en un grupo financiero de reconocida solvencia, con el margen de maniobra suficiente para gestionar la recuperabilidad de estos activos fiscales diferidos”. Es decir, inicialmente NCG confiaba en hacer frente a esos créditos fiscales de la mano de su futuro comprador. Ahora, con la negociación abierta, quizá el futuro propietario de NCG se haga con la entidad con el problema resuelto.