Covid-19: los ‘sabios’ de Feijóo ponen deberes (y muchos) a la Xunta
Además de reforzar el Igape, piden la implicación de más consellerías, nuevas líneas específicas, ayudas al sector turístico y mejorar el pago a proveedores
El comité de sabios armado por Núñez Feijóo también pone deberes a la Xunta. Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Foro Económico de Galicia, Consello Galego de Economistas y empresas como Inditex o Reganosa conforman un sanedrín que ha emitido ya su primer informe. Y no solo mira al Gobierno central en sus recomendaciones.
Para empezar, los sabios de Feijóo retratan con trazo grueso cuál debe ser el papel del Gobierno gallego en la crisis del Covid-19. «En algunos casos», dice el documento, «la Xunta, más allá de su marco competencial, creemos que puede desempeñar el rol de liderazgo y, en otros, tratar de convencer a los agentes con competencia en la materia». Pone un ejemplo para ilustrarlo. «Resulta evidente que el Igape no tiene la capacidad del ICO«, señala el informe del comité, «lo que hace que el primero deba ser particularmente sagaz en sus actuaciones para optimizar los recursos disponibles».
Devolver cobros y pago a proveedores
Otra recomendación, en este caso para todas las administraciones: priorizar la tramitación, con todos los medios adicionales que sean necesarios, de los procedimientos de devolución derivados de la normativa de cada tributo o de ingresos indebidos, así como de las ejecuciones de resoluciones favorables al contribuyente de los órganos económico-administrativos o judiciales por los diferentes conceptos impositivos y frente a las diferentes administraciones tributarias. «Este problema está siendo particularmente relevante en el caso del IVA», dicen los gurús de Núñez Feijóo. Galicia tienen cedido el 50% de la recaudación de este impuesto.
El comité de expertos apela a una cuestión de mínimos: priorizar la tramitación de la devolución de impuestos o cobros indebidos, agilizar el pago de subvenciones o ayudas ya aprobadas y mejorar el pago a proveedores dentro de los plazos legales e incluso recortarlos hasta los quince días. La Xunta paga actualmente a 35 días, de media, empeorando el parámetro desde comienzos de año. Acabó 2019 con una media de 19 días.
«No parece lógico», advierten en esta línea, «que se acuda a medidas financieras que impliquen el endeudamiento a corto y a largo plazo de los agentes económicos sin agotar la capacidad financiera de los derechos de cobro que en el momento actual el sector empresarial ostenta frente al sector público».
Del ICO al Igape
Aunque entre las veinte propuestas hay medidas dirigidas exclusivamente a la Administración central, la Xunta deberá tomar nota de algunas de las cuestiones propuestas por el comité de expertos. Y así es como del ICO pasan al Igape, la principal herramienta financiera de la Consellería de Economía.
Los expertos piden minimizar los plazos de respuesta para el organismo gallego, aprobar líneas de avales para cubrir necesidades financieras muy superiores a las actuales o abordar determinados sectores y ámbitos, como el turístico o los anticipos de la Política Agraria Común (PAC).
Más recursos y líneas
En concreto, consideran urgente dotar al tejido empresarial de mayores posibilidades de asesoramiento con respecto a las líneas de apoyo disponibles actualmente, «agilizando tanto las solicitudes como la resolución de las mismas». Señalan así que «resulta preciso que el Igape garantice, en cuestión de días, un sistema de ventanilla única y asesoramiento eficaz y rápido para todas las ayudas y tramitaciones de la Xunta».
Más allá de cualquier diferimiento fiscal, que es la piedra angular de las recomendaciones del sanedrín de sabios, este grupo de trabajo considera que sería conveniente aprobar una nueva línea de financiación con garantía del Igape hasta el 80%, y firmada con entidades financieras, por importe suficiente para cubrir necesidades superiores a los 200.000 euros.
La implicación de las consellerías
«Las operaciones serían sin subvención al tipo de interés», detalla el documento, aunque limitado teniendo en cuenta la elevada garantía pública y siempre por debajo de un TAE del 2%, una vida media de tres años en préstamos amortizables y un año de carencia». Añaden que el importe global de esta línea «se iría modulando en función de las necesidades identificadas».
Ante el Covid-19, también conviene aprobar líneas específicas adaptadas a las particularidades de algunos sectores. «Las distintas consellerías deberían de avanzar en esa dirección», apuntan los expertos. «Ayudas, en particular y entre otras, ante la paralización del sector turístico, con peores expectativas de continuación de su actividad», a las que suman los «anticipos de la PAC; líneas asimilables a la parada biológica al marisqueo o el sector mejillonero (fondos europeos), o para proyectos de emprendimiento a través de las sociedades de capital riesgo para que no se paren estas actividades».
