Castellano dice que Gorriarán quiso cobrar la indemnización y seguir en el cargo

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El presidente de Novagalicia comparece como testigo en el caso de las prejubilaciones millonarias

José María Castellano

16 de noviembre de 2012 (18:48 CET)

El presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (NCG Banco), José María Castellano, ha relatado este viernes en la Audiencia Nacional que uno de los imputados en la causa que investiga las indemnizaciones millonarias cobradas tras la fusión de las cajas gallegas, Gragorio Gorriarán, le hizo saber que tenía interés de liquidar su contrato para luego seguir con la misma responsabilidad en el banco, al frente del grupo inmobiliario, “aunque fuera solo cobrando un euro al año”.

Castellano, que escuchó esta propuesta antes de ser nombrado presidente en septiembre de 2011, respondió negativamente pese a desconocer la cuantía exacta de la indemnización con la que este directivo había blindado su contrato.

Declaración de una hora

Así lo han señalado fuentes jurídicas al término de la declaración prestada este viernes por Castellano ante el juez Ismael Moreno, que tramita la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra varios exdirectivos de NCG por las indemnizaciones de casi 19 millones de euros que cobraron al salir de la caja fusionada.

Castellano también habló directamente con otro de los ahora imputados, el exdirector general de la caja única José Luis Pego, a quien trasladó que no iba a contar con él en el futuro banco porque los inversores institucionales extranjeros sugerían una renovación de toda la cúpula que había llevado a la entidad a su actual situación. Si contaba, sin embargo, con el director general adjunto Javier García de Paredes, aunque finalmente no se le incluyó.

Informes legales

A lo largo de su declaración, que ha durado aproximadamente una hora, Castellano ha reconocido que una vez las conoció al hacerse públicas, las indemnizaciones no le parecieron "éticas" ni "razonables" si bien contaba con informes, tanto del Banco de España como del despacho de abogados laboralistas Sagardoy, que decían que no eran ilegales.

Este último informe fue encargado tras hacerse público el escándalo de las compensaciones. Más tarde, al judicializarse las diligencias abiertas por la Fiscalía, se ha encargado una nueva valoración al despacho de Broseta, que esta vez ha encontrado motivos para fundamentar una demanda laboral contra los tres directivos ya citados más el también imputado y responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada.
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