Bruselas se pone seria con las preferentes

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NUEVA LEY

El comisario de Mercado, Barnier

04 de julio de 2012 (10:42 CET)

Miles de familias han tenido que perder sus ahorros para que la Comisión Europea reaccione y endurezca la comercialización de “productos incomprensibles y, a veces, tóxicos”. Con estas palabras, el comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, se refería a las prácticas comerciales de los bancos europeos mediante las cuáles se colocaron, por ejemplo, las preferentes en España.

Para evitar próximos casos con propuestas de inversión similares, Bruselas plantea ahora un reglamento para armonizar el formato y el contenido de los folletos informativos que acompañan a cada producto orientado a los inversores no profesionales. La Comisión quiere que los costes y riesgos queden meridianamente claros y que todos los productos puedan compararse entre si fácilmente. Si los trámites evolucionan según el calendario, la medida se aplicará en 2014.

A partir de entonces, los bancos europeos se expondrán a que la comercialización de sus productos sea prohibida o suspendidas hasta que cumplan las nuevas condiciones informativas.

La lupa comunitaria no sólo se centra en las participaciones preferentes, sino también en la colocación de deuda o de productos aseguradores ligados a la bolsa. En ambos casos, el departamento de Barnier ha detectado prácticas de dudosa transparencia.

Propuestas poco adecuadas

“Se ha llegado a vender deuda subordinada a ancianos sin que sepan el riesgo que supone salir prematuramente de este producto”. Varios funcionarios europeos de incógnito han realizado una ronda de compras en varias entidades bancarias. Las conclusiones son demoledoras: “hasta el 60% de las propuestas no eran adecuadas para el tipo de cliente”.

Con estas cifras en la mano, el nuevo reglamento parece necesario, a juicio del Comisario europeo, para mejorar la imagen del sector. De momento, en Bruselas, donde los despachos de los lobbies se agolpan alrededor de la sede del gobierno europeo no se han registrado movimientos en contra de la medida.

Los propios banqueros parecen ser conscientes de que esta nueva norma puede ayudarles a mejorar la imagen, fuertemente desgasta, a pesar de que aplicarla costará 170 millones cuando se ponga en marcha y 14 millones más al año.
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