Bruselas obligará al nuevo gobierno a recortar 10.000 millones

La Unión Europea concreta el precio de la cancelación de la multa por exceso de déficit y deja la puerta abierta a nuevas medidas

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La Unión Europea (UE) libró este martes definitivamente a España de la multa por haber incumplido los objetivos de reducción del déficit, pero espera ahora que avance en las negociaciones del techo de gasto y el presupuesto para 2017.

Los socios de España en la UE también han decidido dar dos años adicionales, hasta 2018, al país para que corrija definitivamente el déficit, aunque a cambio tendrá que hacer un ajuste de más de 10.000 millones de euros en los dos próximos ejercicios y estar «preparada para adoptar otras medidas» si surgen nuevos riesgos de desvíos.

De esta manera, esperan de España que avance en las complicadas negociaciones para formar Gobierno, a fin de poder aprobar así hasta el 1 de octubre el techo de gasto y el presupuesto para 2017, sin tener que prolongar las cuentas actuales y correr el riesgo de incumplir el ajuste de un 0,5% del PIB exigido para el próximo año.

Senda complicada

España tiene que ajustarse a una nueva senda de consolidación nada fácil: debe pasar de un déficit del 5,1 % del PIB registrado en 2015 al 4,6 % este año, al 3,1 % el próximo y al 2,2 % en 2018. La UE da así un voto de confianza al Gobierno en funciones y al futuro Ejecutivo, que esperan todos los socios que se forme pronto, tal y como les pidió la Comisión Europea (CE) el pasado 27 de julio.

Lo han hecho alegando motivos políticos –ante el euroescepticismo creciente y la ausencia de un Gobierno nuevo tras citas electorales–, económicos –para no perjudicar el crecimiento y la creación de empleo–, y sociales –por los esfuerzos que ha soportado ya la sociedad española en los últimos años con duros ajustes–.

Los socios de España dejan claro, no obstante, en su decisión que quedará supervisada por ellos cada trimestre, dado que no solo tendrá que presentar el proyecto presupuestario el próximo 15 de octubre a la CE y demostrar que ha tomado medidas efectivas para atajar el déficit, sino informar cada tres meses a partir de enero a la Comisión y al Comité Económico y Financiero de la UE.

Más prevención para cumplir con el déficit

La Unión da además claros deberes a España, al indicarle que debe adoptar medidas para reforzar su marco presupuestario, en particular con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos de déficit, deuda y gasto y reforzar la contribución de la norma de gasto de la ley de estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En su decisión recomienda a Madrid que ataje el número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, y mejorar la cobertura y la definición de las categorías de gasto necesarias para el cálculo de la norma de gasto y pidiendo explícitamente a las administraciones incumplidoras que compensen los desvíos de gastos el año siguiente al que los cometieron.

La UE considera, además, que España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y una elevada competencia.

Las advertencias de Bruselas

Este marco debe incluir mecanismos adecuados de control a priori y a posteriori para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa, señalan los socios de Madrid en la decisión adoptada. También el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló este martes que espera ahora que España «respondan acorde a la decisión colectiva de la CE y del Consejo de la UE».

El vicepresidente para el euro y el diálogo social, Valdis Dombrovskis, añadió una advertencia a este mensaje, al recordar a España que debe «tomar medidas efectivas como condición necesaria para levantar la suspensión de compromisos de los fondos estructurales y de inversión europeos» a partir de enero de 2017 que la CE abordará con la Eurocámara tras el verano.

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