Baño de realidad: la Xunta rebaja su previsión de crecimiento para Galicia en 2017

La Administración gallega estima un techo de gasto de 9.039 millones para el próximo ejercicio y recorta el alza del PIB al 2,3%

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Mayor crecimiento del PIB del previsto para este año, pero sensiblemente inferior para el próximo ejercicio. El Gobierno gallego ha presentado un techo de gasto provisional para 2017 que se eleva hasta los 9.039 millones de euros, lo que incrementaría en un 2,7% (235 millones) la capacidad de gasto de los presupuestos del pasado ejercicio. Esta «estimación seria, prudente y realista», según la Xunta, prevé para el próximo año un crecimiento económico del 2,3% y reducir la tasa de paro hasta el 15,6%.  

La Xunta también ha actualizado las previsiones para este 2016 situando el crecimiento económico en el 3%, cinco décimas más de la previsión recogida en la aprobación de los presupuestos (aunque ya había una revisión previa que la elevaba al 2,8%). También se reduce la tasa de paro hasta el 17,4% de la población activa, casi un punto inferior a la cifra recogida en las cuentas.  

El «Brexit» y otros factores

En su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, han subrayado que la previsión de crecimiento económico del 2,3% para 2017 (es inferior a la del 2,5% que preveían las cuentas para este ejercicio y a la del 3% final) se justifica por los «efectos negativos» que podría tener el ‘Brexit’, entre otros «factores», y que se asienta «en la prudencia».  

Feijóo y Martínez han justificado este paso en base a la necesidad de marcar las directrices de trabajo interno para los departamentos de la Xunta y también enviar «un mensaje a las empresas». Permitiría agilizar la elaboración de las cuentas tras la campaña del 25 de septiembre, aunque seguiría pendiente de que se desbloquease la situación estatal.  

Precisamente, en este contexto, Feijóo ha enviado un mensaje especialmente dirigido a los partidos de la oposición para que el Congreso fije una norma que permita concretar a las comunidades las entregas a cuenta y el déficit, con el fin de poder elaborar su presupuesto, y situarse así al margen del «bloqueo» motivado por la «irresponsabilidad» política en España.

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