Afectados por preferentes buscan una solución en los juzgados

La Asociación Gallega de Afectados por los Productos Financieros (Agaprofi) presentará una demanda colectiva contra NCG Banco en la que solicitará la declaración de nulidad de las comercializaciones de las participaciones preferentes a compradores minoristas y a la que podrán adherirse los afectados que no entraron en el arbitraje.

La iniciativa judicial llega en el momento más álgido en cuanto al número y la intensidad de las protestas. Los encierros se multiplican. Los afectados han ocupado los ayuntamientos de Gondomar, O Rosal, Boiro, Pontevedra y Santiago, otro grupo mantiene su encierro en un cajero de Cangas y, este viernes, medio centenar de personas obligaron a cerrar la sede de Novagalicia Banco en A Coruña. Mientras, en Ferrol continúan con una huelga de hambre rotatoria iniciada el día de Nochebuena.

Los movimientos de protesta han ahondado en el drama que viven cerca de 32.000 personas en Galicia, aquellos que no han recuperado su dinero a través del arbitraje del Instituto Galego de Consumo. La Fiscalía gallega considera, sin embargo, que a este grupo, casi el 90% de los afectados totales, no le queda más alternativa que la vía judicial. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, insistió en que «agotará todos los recursos que le concede el ordenamiento jurídico» en la defensa de los perjudicados, «sin descartar, si fuera el caso, acudir al Tribunal Constitucional para reclamar la tutela judicial efectiva de los derechos de los consumidores y la legitimitación activa del Ministerio Fiscal para hacerlos valer».

Colapso judicial

Las perspectivas tampoco son optimistas en este campo. La demanda colectiva presentada por la Fiscalía para pedir la nulidad de los contratos de las participaciones preferentes y el resarcimiento de los perjudicados, similar a la que proponen los afectados de Agaprofi, fue rechazada en el juzgado número 11 de A Coruña.

La Audiencia Provincial no se ha pronunciado todavía sobre el recurso presentado por Varela. «La Justicia tiene que pronunciarse» porque tiene el asunto «sobre la mesa», advirtió el fiscal superior de Galicia. De lo contrario augura una oleada de pleitos, dado que las 30.000 personas que siguen sin recuperar su dinero no tienen más salida que combatir en los tribunales, del mismo modo que lo están haciendo en cajeros y ayuntamientos.

Solución colectiva

Tanto Varela como el abogado de Agaprofi, Pérez Lema, ven una pauta común en los casos, que podría dar pie a una solución colectiva para los afectados.

«Hay una auténtica aproximación» en los casos, «en el sentido en que masivamente Caixa Galicia y Caixanova comercializaron entre 2003 y 2009 las preferentes entre clientes minoristas en base a una serie de comportamientos repetidos», aseguró Pérez Lema.

Así, ha puesto como ejemplo que, entre los «caracteres comunes» que marcan «millones de casos» en Galicia están la venta de estos productos a personas que eran «clientes previos» de las entidades, «ahorradores», «personas que tenían confianza» con el personal de la oficina, así como «una información incompleta» ya que los compradores «desconocían totalmente como quedaría el producto en caso de una liquidación de la caja».