Acciones penales del Pastor contra el accionista que presentó la querella

Fuentes de la entidad califican de injusta la querella contra José María Arias y su consejo por presunta estafa y administración fraudulenta

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“Debemos dejar a los tribunales hacer su trabajo”. El Banco Pastor, que como marca y estructura jurídica sigue operando en Galicia tras su integración en el Popular, ha reaccionado de inmediato ante el anuncio de la declaración mañana de su expresidente, José María Arias, y de su exconsejero delegado, Jorge Gost, como imputados por presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta, societario y falsedad en documento mercantil. Y, pese a apelar a la ecuanimidad de todo procedimiento judicial, ha calificado de injusta la acción del accionista que ha presentado la querella, al tiempo que anuncia acciones legales.

“Ante la injusta interposición de la querella contra el antiguo consejo de Pastor”, señala la entidad en una nota, “tanto los querellados, como el propio banco, se reservan el ejercicio de cuantas acciones le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole penal”.

El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña, cuya titular es Elena Rodríguez Molpeceres, ha citado para mañana a ambos directivos para prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, Manuel García Sánchez, representado por el bufete catalán Frade Gobeo.

La trama

Los hechos se remontan a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, cuando, según la querella, «las cuentas de la sociedad eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el banco era propietario». La entidad habría ocultado en sus balances las pérdidas de siete empresas inmobiliarias creadas por sus directivos.

Según la querella, las sociedades no ingresaban dinero con su actividad pero debían pagar intereses de los créditos hipotecarios que le había otorgado el Pastor. En 2009, sostiene el denunciante, si el banco hubiera registrado esas pérdidas (ese año se situaban en 1.325 millones pero eran valoradas en cero euros) se hubiera destapado que el banco estaba en situación de «quiebra legal».

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