Abogados de afectados por preferentes dudan de la efectividad de la demanda de la Fiscalía

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Siempre a la espera de conocer los detalles, indican que cada caso es distinto de otro. Por otro lado, De Guindos insiste en que el Gobierno negocia una solución con Bruselas

03 de julio de 2012 (23:10 CET)

La Fiscalía Superior de Galicia presentó este martes ante el decanato de los juzgados de A Coruña la demanda civil de acción colectiva contra Novagalicia Banco por las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas perpetuas. El contenido de de la demanda será dada a conocer este miércoles por el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela.

Para la elaboración de la demanda, la Fiscalía ha trabajado con más de 1.700 contratos aportados por el Instituto Galego de Consumo y por la Asociación de usuarios de bancos y cajas (Adicae). Con esta acción judicial se pretende la nulidad de “claúsulas abusivas” contra consumidores de preferentes. Sin embargo, numerosos abogados que llevan de forma privada casos de afectados dudan de la efectividad total de la medida que ha emprendido la Fiscalía.

Entidad intervenida, Bruselas decide

Varios abogados consultados tienen en cuenta dos factores. El primero el hecho de que al ser Novagalicia una entidad intervenida por el Frob, Bruselas es la que tiene que dar el visto bueno a lo que se haga con estos productos. Por otro lado, destacan que en el caso de las preferentes cada caso es un mundo, ya que no en todos es sencillo probar que el cliente desconocía el producto que le estaban vendiendo.

El abogado Jaime Concheiro, del despacho coruñés Concheiro y Seoane, explica su postura particular, siempre a la espera de más datos por parte de la Fiscalía gallega: “Nosotros respetamos mucho esta actuación pero no la compartimos o, más bien, vemos complicado la demanda colectiva ya que está se aplica con éxito cuando hay una cláusula común, pero aquí no siempre es así”.

“El tema de las preferentes requiere un análisis de cada caso, por lo que es difícil de englobar en una denuncia colectiva. A esto se suma la condición de entidad intervenida de NGB, que se encuentra a la espera de una inyección económica, por lo que es complicado”, conviene, a la vez que explica que el tema de las preferentes es especialmente duro en tiempos de crisis.

Necesidad de dinero

“Mucha gente que hasta ahora no tenía necesidad urgente de ese dinero ahora sí que la tiene. El otro día recibí a una señora que tenía una cantidad importante en preferentes. Su hijo se había quedado en paro y quería el dinero para montarle un negocio”, comenta.

Otro conocido abogado en Galicia, Xoán Antón Pérez Lema, que también lleva numerosos casos, explica que, en su opinión, la solución pasa más por una actuación judicial de carácter individual --bien sea mediante una demanda individual o mediante el arbitraje de derecho-- que por un pacto político o una demanda colectiva.

Una demanda para “allanar” el camino

“Aquí hay una cosa cierta y es que, entre todos los miles de afectados, hay contratos firmados válidos, es una operación legal donde lo que pudo existir fue un abuso de confianza”, explica. “Hay muchos casos que son clamorosos pero en otros no es tan fácil dilucidar si la persona no sabía el producto que se le ofrecía que, sobre todo, en la emisión del año 2009, que reportó unos intereses muy altos”.

Para Pérez Lema, la demanda de la Fiscalía es beneficiosa, de todas maneras, ya que “va a servir para allanar el camino, para sentar un precedente”, aunque opina que posiblemente no traiga una solución final para los afectados.

Negociaciones con Bruselas

Por su parte, no es la primera vez que desde la actual Novagalicia Banco insisten en que, si bien ellos desean el final de este conflicto, no les es posible debido a que dependen de las decisiones de Bruselas por el hecho de ser una entidad intervenida. El banco gallego precisa de la autorización de la Comisión Europea para poder aprobar cualquier solución diferente al pago del valor de las preferentes.

A respecto de lo que pasará con las preferentes, este martes, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró que las preferentes “nunca se tendrían que haber comercializado entre pequeños y medianos ahorradores” e insitió en que el Ejecutivo central “negocia con Bruselas la mejor solución posible para estos inversores”.
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