Villar Mir proyecta las tres centrales del Xallas en medio de una guerra judicial

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Ferroatlántica encadena recursos contra la norma que le obliga a preservar la cascada de Ézaro y contra la fianza de 8,5 millones que le impuso el juez por secarla

Fervenza do Ézaro

en A Coruña, 22 de abril de 2016 (03:12 CET)

Villar Mir llegó al Parlamento gallego. Las tres nuevas centrales hidroeléctricas que desarrolla en el Xallas fueron motivo de disputa entre el Partido Popular y el BNG, que criticó la destrucción de puestos de empleo en la división de ferroaleaciones --conformada por tres fábricas en Galicia--, que pasaron de una plantilla de 500 trabajadores a una de 284 en los últimos 30 años, según el diputado nacionalista Francisco Jorquera.

El director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, replicó que las nuevas instalaciones crearán 190 empleos al año --mientras duren las obras-- con una inversión de 30 millones, en un debate que tuvo como trasfondo el miedo a una segregación de las unidades de negocio que deje expuesta a cierres a la parte metalúrgica, que a pesar de ser el verdadero motor de empleo es menos rentable que la energética.

Pero Villar Mir tiene más frentes abiertos en aguas del Xallas que se están dilucidando en terreno judicial, pues mientras levanta las nuevas instalaciones, litiga con el propio Gobierno gallego para tumbar la norma que le impide secar Ézaro, la cascada afectada por el aprovechamiento hidráulico de Santa Uxía.

Fianza por secar Ézaro

El proceso tiene dos patas. La empresa, que ya suma seis centrales hidroeléctricas en Galicia, sigue pendiente de la causa contra el alto cargo de la Xunta, Francisco Pan-Montojo, ex director general de Calidad y Evaluación Ambiental, que autorizó a Ferroatlántica para secar la cascada de Ézaro, en Dumbría. A juicio del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, lo hizo de manera irregular, permitiendo a la empresa suspender el caudal ecológico del río en contra de lo que dicta la Ley de Pesca de Galicia.

El juez impuso una fianza de 8,5 millones a la empresa de Villar Mir por los beneficios obtenidos de una autorización ilegal. Pero Villar Mir recurrió. Ferroglobe, la compañía que surgió de la integración de Ferroatlántica y la firma estadounidense Globe Specialty Metals, informaba en enero de este año a los accionistas que la empresa del ex ministro "presentó un recurso de desestimación de la reclamación contra ella por razones de procedimiento, que fue rechazado el 22 de junio de 2015".

No aportaba más información el grupo, que sí apuntaba a que "Ferroatlántica niega el fundamento de la reclamación y seguirá defendiéndose enérgicamente".

Ézaro y la información turística

Casi en paralelo, Ferroatlántica mantenía otra disputa judicial también con el Xallas y Ézaro como protagonistas. En este caso, contra la anulación dictada por la Consellería de Medio Ambiente en 2011 -- etapa de Agustín Hernández como conselleiro-- de la modificación de su concesión ambiental en 2001. Esa modificación del Gobierno de Fraga fue la que permitió a Villar Mir prácticamente secar la cascada durante siete años.

Sustituía el mantenimiento del caudal ecológico que fijaba la DEA por la exigencia de mantener la cascada una hora al día entre junio y septiembre, más los fines de semana de todo el año. En los portales turísticos se especificaba entonces la hora a la que podía verse la cascada y se recomendaba ir los fines de semana, cuando el caudal era continuo.

Villar Mir quiso sacar tajada

Ferroatlántia recurrió la decisión de la Consellería de Medio Ambiente, que anuló de oficio la beneficiosa modificación de 2001 que daba un amplio margen para el aprovechamiento hidráulico en la central de Santa Uxía. Alegó ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se había quebrado la confianza legítima entre empresa y administración --lo mismo que alega la minera de Corcoesto-- y que la anulación era improcedente, pues se contaba con una declaración ambiental aprobada en tiempo y forma, cumpliendo los requisitos legales. 

Para la empresa, la modificación de la concesión ambiental no es un acto contrario al ordenamiento jurídico pues se tramitó de manera legal y cumpliendo todas las exigencias. "Es un acto de trámite" en el que "no se imputa ninguna carencia de requisitos esenciales a la demandante", exponía Ferroatlántica.

Con estos argumentos, además de otras alegaciones de forma como que la Consellería no hubiese llamado a audiencia a Ferroatlántica, la compañía pretende tumbar la anulación que le impide secar Ézaro y ser indemnizada en base a la responsabilidad patrimonial de la administración por el periodo en el que tuvo que reponer el caudal ecológico. Es decir, desde 2011 hasta hoy. 

Daño ecológico

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso en noviembre del año pasado, entendiendo que secar la cascada contravenía la normativa de pesca gallega, "al no respetarse el caudal ecológico cuando se introdujeron las modificaciones a instancia de la demandante, puesto que el órgano ambiental estaba obligado a imponerle un caudal ecológico, cosa que no hizo, aunque la DEA inicial sí que lo respetaba".

"La consecuencia es que se trata de un caudal que carecía de los requisitos necesarios para poder ser destinado a aprovechamiento hidráulico y ello es lo que permite la anulación de la modificación de la DEA efectuada por medio de la resolución de 6 de noviembre de 2001, máxime cuando el salto hidroeléctrico del río Xallas desemboca en la ensenada del Ézaro, que se encuentra afectado por la zona de especial protección de los valores naturales y lugar de importancia comunitaria Carnota-Monte Pindo", zanja la sala.
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