Villar Mir planeó un pelotazo de mil millones a costa de sus negocios en Galicia

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El ex ministro reclamó 57,2 millones a la Xunta por revocar el permiso a Ferroatlántica para secar el Xallas, que se suman a los 895 que llegó a exigir por el paso del AVE por la mina de Serrabal

Juan Miguel Villar Mir

en A Coruña, 18 de junio de 2015 (20:20 CET)

OHL, Ferroatlántica, Sato, Elsan-Pacsa, Pacadar, Ramsa, Cuarzos Industriales... Juan Miguel Villar Mir es todo un clásico del poder en Galicia. Sus empresas, levantadas al abrigo de grupos como Obrascón, Lain, Huarte y Carburos Metálicos, tienen una presencia en la comunidad gallega que va más allá del propio negocio que generan, por sí solo clave para el grupo. Solo Sato, la constructora especializada en obras portuarias, se situó el año pasado como la quinta adjudicataria de obra en Galicia, con 22 millones de euros, relacionados con el puerto exterior de A Coruña. Son datos de la Federación Gallega de la Construcción, en cuyos rankings también era habitual en otros tiempos ver a la extinta José Malvar Construcciones, también del grupo, después de haber asumido sus deudas.

Pero Villar Mir tiene en su equipo jurídico otro generador de negocio. En este caso, a través de reclamaciones en gran medida planteadas para lograr indemnizaciones del Estado y de la Xunta en cuanto veía que cualquier decisión administrativa podía resultar lesiva para los intereses del grupo. Ahora, un juzgado de Santiago reclama a Ferroatlántica una fianza de 8,5 millones de euros por haber secado el caudal ecológico del Xallas, el río que explota la compañía a través de varias centrales para abastecer sus plantas de ferroaleaciones de Cee y Dumbría.

La estrategia de la reclamación

Sin embargo, cuando la Xunta decidió revocar el permiso que habilitaba a la compañía para secar el río llevando el caudal ecológico a la mínima expresión, el equipo de abogados de Villar Mir decidió reclamar en concepto de daños para Ferroatlántica nada menos que 57,2 millones de euros.

Desde la compañía dejan claro que en el proceso abierto en un juzgado de Santiago, que acabará en juicio oral con un exdirector xeral de la Xunta como principal acusado al haber tomado la decisión sin anclaje legal alguno, Ferroatlántica no está imputada. De hecho, señalan que no han podido acceder al sumario para conocer los detalles en los que se basa el aval de 8,5 millones que ahora se reclama a la compañía.

El negocio el AVE y Serrabal

No ha sido esta la primera vez que Villar Mir intenta hacer negocio de decisiones administrativas que atentaban, supuestamente, contra sus intereses. Las obras del AVE entre Santiago y Ourense, a su paso por la mina de Serrabal, se presentaron como otra oportunidad para sacar tajada. Sucedió en 2007, cuando el grupo atravesaba los mayores momentos de tensión en sus relaciones con Fomento y Xunta, lo que no impidió, en dicho año, que lograse obras en Galicia por importe de 76 millones de euros.

Situada entre los municipios de Vedra y Boqueixón, la mina estaba explotada por Ramsa, una filial que destinaba prácticamente el 90% de su producción de cuarcita a Ferroatlántica. Fue el lucro cesante por la expropiación de parte de la mina para el paso del AVE lo que llevó a Villar Mir a exigir, por el prejuicio que suponía para ambas compañías, la friolera de 895 millones al Estado. La cantidad reclamada fue rebajada después a 270 millones.

Finalmente, y después de toda una secuencia de acciones judiciales, el Supremo no dio la razón a Villar Mir en sus pretensiones. Ramsa, la compañía que explotaba la mina, tenía un patrimonio de 1,5 millones de euros, una cifra de negocio de apenas 10 millones y una treintena de trabajadores en plantilla cuando el grupo se levantó en contra del AVE.
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