Protesta de la plantilla de Unipost contra los recortes aplicados por la familia Raventós.

Venta o cierre: fin de la historia para Unipost

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El administrador concursal, Jausas Legal, pide al juez la liquidación de Unipost tras constatar que es inviable

en Barcelona, 19 de diciembre de 2017 (06:00 CET)

El juez Raúl García Orejudo tiene la última palabra, pero el destino de Unipost ya es una evidencia. La compañía de servicios postales de la familia Raventós se encamina a su fin después de que el administrador concursal, Jausas Legal, solicitase el viernes la liquidación al juzgado mercantil número 7 de Barcelona. En concurso de acreedores desde julio, la única opción “es su liquidación, bien a través de la venta de la unidad productiva o mediante la enajenación individualizada de los bienes”.

Así lo valora el administrador concursal tras haberse reducido “sustancialmente el volumen de negocio” en los últimos meses. Con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 2.200 trabajadores ya en marcha, la situación económica se agravó en las últimas semanas por la imposibilidad de cumplir con los pagos del día a día, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores por unas deudas de casi 50 millones de euros y las dificultades para encontrar un comprador.

La fecha límite fijada por Jausas saltó varios meses en adelante tras comprobar la inviabilidad de la sociedad. Después de vislumbrar la irrealidad del plan de futuro elaborado por los Raventós, el despacho se fijó hasta mayo para encontrar comprador o mandar la firma a liquidación. No hizo falta esperar tanto: el día a día hizo el resto.

Hasta ahora, el precio de Unipost era de 4,6 millones de euros

Las negociaciones con Correos y varios fondos de inversión no fructificaron a pesar de que el precio era sólo de 4,6 millones de euros, correspondientes a la deuda contraída con la Seguridad Social y los pagos a los empleados que Fogasa no cubra. No obstante, ahora, en fase de liquidación, el interesado podrá adquirir los activos –ya sea por completo o por separado— a precio de derribo.

Además, el futuro propietario se ahorrará los costes del ERE para la totalidad de la plantilla, que recaerán en la administración pública. Ahora, el ajuste afecta a un primer paquete de hasta 560 trabajadores, el 24,4% del personal.

La masa salarial también se disparará a partir del próximo 1 de enero debido a un aumento de sueldo del 12% para todos los empleados. El salto es debido al fin del pacto firmado entre la dirección y los sindicatos UGT y USO hace años para "incrementar la competitividad de la empresa".

Las pérdidas de Unipost alcanzaban los 9,8 millones hasta el mes de agosto

Otro varapalo para una empresa que cada día pierde más dinero. Hasta el mes de agosto, la empresa registró unos números rojos de 9,8 millones de euros. El agujero se duplicó respecto a los 4 millones del 2016 y prácticamente quintuplicó los 2,1 millones perdidos en 2015.

La facturación también cayó por segundo año consecutivo. Si hace dos años fue de 93,9 millones y el año pasado de 91,3 millones de euros, en los primeros ocho meses de 2017 las ventas fueron de 55,7 millones. La proyección del ejercicio completo es de 82,8 millones, una reducción del 9,3%.

Las sombras en el concurso

La gestión de la familia Raventós durante los últimos años motivó que los trabajadores pidieran la culpabilidad del concurso. La estirpe catalana no contribuye a despejar las dudas: no facilitó el acceso de Jausas al libro de socios ni al libro de actas para la elaboración de su informe provisional. 

De este modo, se ocultaron los accionistas de la compañía y sus participaciones al emisario del juez. Si bien es conocido que la saga catalana controla la compañía de servicios postales, jamás han desvelado el reparto desde que Deutsche Post se deshizo del 37% del capital que poseía en favor de la familia.

Jausas también investiga todos los movimientos realizados con empresas del grupo en los últimos dos años. Como denunció Economía Digital, entre ellas está la sociedad Patinage Consultadoría e Marketing, con sede en Madeira, un territorio que ofrece beneficiosas condiciones fiscales a sus empresas. 

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