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Venta de El Correo Gallego: historia de un asalto en punto muerto

Pese a haber firmado ante notario la venta del 60% de Editorial Compostela, Rey Novoa da marcha atrás ante el controvertido Carlos Alfonso García Martín

La venta de la mayoría accionarial de Editorial Compostela, firmada ante un notario de Santiago y comunicada a la cúpula de El Correo Gallego este lunes, se tuerce apenas veinticuatro horas después de que trascendiera la operación. Una reunión mantenida este mismo miércoles en la sede del diario entre José Manuel Rey Novoa, la parte vendedora, y los compradores, el controvertido empresario Carlos Alfonso García Martín y su socio Carlos Orozco, sirvió para mostrar unas reticencias que en las últimas semanas no habían existido. La sintonía inicial acaba en punto muerto.

Rey Novoa no habría optado por la habitual fórmula de una opción de compra para realizar la operación, por la cual se desprendería del 60% de las acciones. En este caso, a la notaría se llevó la firma de una venta condicionada, lo que da ciertas ventajas a los compradores, a la vez que margen de actuación. Es el que le otorgan las condiciones establecidas a la escritura. Básicamente, tres meses para abonar el importe de la compra: dos para la realización de una due diligence y otro más, una vez entregada la auditoría, para pagar el precio establecido. Un plazo que se va hasta finales de diciembre.

Las ventajas de los compradores

De acuerdo con esa venta condicionada firmada entre Rey Novoa y García Martín y su socio, la valoración del 100% de Editorial Compostela se situaría, según las fuentes consultadas por Economía Digital Galicia, en prácticamente seis millones de euros. Por tanto, por algo más del 60% que vende, Rey Novoa percibiría 3,6 millones, con el compromiso adicional de los compradores de subrogarse en la deuda contraída, de tal manera que el director y propietario del diario quedaría exonerado de sus garantías personales firmadas con los bancos. Eso, sobre el papel y en la escritura.

Sin embargo, las reticencias mostradas por el propio Rey Novoa en la reunión de este miércoles dejan la operación en punto muerto. Al elevarse a público ante notario la venta, la marcha atrás pasa ahora por deshacer esa escritura, para lo que es necesario encontrar incumplimientos en el contrato si no hay acuerdo entre las partes.

Una sociedad creada la semana pasada

De acuerdo con las fuentes consultadas por Economía Digital Galicia, ambos socios, Carlos Alfonso García Martín y Carlos Orozco, crearon una sociedad para abordar la compra de Editorial Compostela. Lo hicieron la semana pasada, concretamente el pasado día 16. Se trata de Corporación Compromiso por Galicia, una sociedad limitada que nace con un capital de 3.009 euros.  Este miércoles, Corporación Compromiso por Galicia SL, la compradora del 60% de Editorial Compostela, todavía no había sido inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. Esa es una de las supuestas irregularidades a las que se puede aferrar ahora la parte vendedora para romper la operación.

La adquisición de Editorial Compostela es, en cierta medida, similar a los intentos fallidos de compra que en el último año han realizado Carlos Alfonso García Martín y Carlos Orozco. La excepción ha sido Feca Neón, de la que es administrador y socio único el propio García Martín. La pauta seguida con la editora de El Correo Gallego es similar a la operación frustrada para hacerse con Isidro de la Cal. También lo intentaron con Ipasa, que controla la conocida cadena de panaderías Sanbrandan.

El pasado de García Martín

En el caso de Editorial Compostela e Isidro de la Cal hay otro denominador común: empresas administradas por un socio mayoritario que en los últimos años han mostrado graves problemas de viabilidad. En sus últimas cuentas, de 2018, los auditores de la empresa de Rey Novoa alertaron de que estaba en causa legal de disolución.

Entre las reticencias mostradas en esta compraventa habría pesado de manera determinante el pasado de García Martín, que fue condenado en 2003 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña a una pena de prisión de cuatro años y seis meses por un delito continuado de estafa y un delito de falsedad en documento mercantil.

 

Un artículo de X.R.M.

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