Venezuela acaba la patrullera de Navantia sin pagarle 48 millones
La Armada Bolivariana anuncia la finalización, con nueve años de retraso, de la única de las ocho patrulleras encargadas a Navantia construida en Venezuela
Navantia resuelve poco a poco su dolor de cabeza por Venezuela. La Armada Bolivariana acaba de marcar una fecha en el calendario para la entrada en operación de la última de las ocho patrulleras encargadas a la empresa pública española.
Bajo las instrucciones del COMGEAB la @AB_DINALO efectúa la recepción administrativa del Buque Guardacostas AB «Hugo Chavez» (GC-24), quien engrosará la línea operativa de la @ArmadaFANB a partir del venidero mes de abril 2020 @ceofanb @NicolasMaduro @PrensaFANB @vladimirpadrino pic.twitter.com/Qiu6Egmfho
— Dirección Naval de Logística (@AB_DINALO) November 12, 2019
El buque de vigilancia litoral Comandante Eterno Hugo Chávez “engrosará la línea operativa de la Armada Bolivariana a partir del venidero mes de abril [de] 2020”, asegura el Ministerio de Defensa venezolano, que, pondrá en funcionamiento un buque que se terminará con casi nueve años de retraso y por el que todavía tiene cuentas pendientes con Navantia.
Retrasos sobre retrasos
El Comandante Eterno Hugo Chávez es uno de los ocho buques encargados por la Armada Bolivariana a Navantia en el año 2006 en un macrocontrato valorado en 1.246 millones de euros.
Siete de los ocho buques encargados a los astilleros de Navantia en Cádiz cumplieron los plazos previstos y fueron entregados entre marzo de 2010 y abril de 2012, algo que contrasta con el Comandante Eterno Hugo Chávez, que, a diferencia del resto de patrulleras, fue asignado a un astillero venezolano, Dianca, sobre el que recaía el reto de ser el primero en construir una embarcación de este tipo en el país sudamericano.
Para este proceso contó con la ayuda de los astilleros de Navantia en Cádiz, que enviaron a Venezuela 11 de los 12 bloques que componen el buque para que en Dianca solo tuviese que dedicarse al ensamblaje y la equipación tecnológica del buque. Sin embargo, los problemas técnicos, las investigaciones judiciales y las dificultades presupuestarias del régimen de Maduro han provocado sucesivos retrasos que han alejado la fecha prevista de entrega de junio de 2011 a abril de 2020.
Un ‘pufo’ de 48 millones
Los retrasos de la Administración venezolana no se han dado solo en la construcción del buque, sino también en el pago de las facturas a Navantia. La empresa pública depositó avales por valor de 312 millones de euros tras la firma del acuerdo, de los cuales, por el momento, solo se han devuelto 264 millones.
Pese a desembolsar 216 millones de euros el año pasado, el Gobierno de Maduro todavía adeuda 48 millones de euros por estos avales que, en principio, la administración venezolana iría cancelando a medida de que se fuesen completando diferentes fases en la construcción del buque (corte de chapa, botadura, entrega etc.).
