Unos 15.000 afectados por el caos aéreo aún esperan las indemnizaciones

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03 de diciembre de 2011 (18:43 CET)

Unos 15.000 afectados del caos que se vivió hace un año en el Puente de Diciembre por el cierre del espacio aéreo español siguen esperando las indemnizaciones por los retrasos masivos en los vuelos. El grupo de demandantes reclama unos 10.000 euros por persona (unos 150 millones en total) sólo por daños morales y perjuicios, tanto a AENA como a los controladores, según el despacho Cremades y Calvo Sotelo, que lleva el caso.

Los abogados creen que la responsabilidad debe ser asumida de forma compartida por Aena y los controladores. El socio de Cremades y Calvo Sotelo, Luis Vericat, ha señalado que Aena es responsable de la situación que se vivió en 2010 porque "debería haber garantizado el servicio del tráfico aéreo", y los controladores porque "con el abandono de sus puestos de trabajo, participaron de una manera directa en el caos aéreo".

Hasta ahora unas 100.000 personas han presentado reclamaciones a Aena por los daños sufridos por la presunta huelga encubierta del año pasada pero sólo un 15% ha decidido continuar la reclamación por la vía judicial. Los afectados se han constituido en asociación y se han coordinado a través de internet la mayor demanda judicial colectiva de la historia de España.

Doble demanda

Los abogados de los afectados explicaron que, además de los reclamos por daños morales, cada afectado reclama una cantidad adicional en función de las consecuencias personales que produjeron el cierre del espacio aéreo. Los abogados han abierto dos vías judiciales: la primera para decidir si la Aena asume los daños y la segunda para exigir responsabilidades penales a los controladores.

El 3 de diciembre del 2010 los controladores aéreos del país abandonaron sus puestos de trabajo de forma coordinada después de que el ministro de Fomento José Blanco anunciara modificaciones en los permisos y vacaciones de los controladores. Los trabajadores aseguran que no hicieron huelga encubierta sino que la presión por la carga laboral hizo que muchos de ellos no pudieran presentarse a sus puestos de trabajo.

El caos, que afectó a unos 600.000 pasajeros, culminó con la militarización del espacio aéreo, una medida sin precedentes en la democracia española.
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