La jueza Olga Reverte Villar acusa a San José y otras siete constructoras de un fraude de 23 millones en el AVE a Murcia

Una jueza procesa a ocho ejecutivos de San José por blanqueo y estafa

El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia acusa a la constructora gallega y a otras siete de un presunto fraude de 23 millones en el AVE a Murcia

Varapalo judicial para la constructora gallega San José por las obras del AVE a Murcia. El juzgado de instrucción número 9 de Murcia cierra la investigación del caso procesando a ocho constructoras y a más de medio centenar de ejecutivos que coordinaron las obras. Entre ellos, ocho responsables del grupo San José, a los que se les acusa de haber cometido delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, de delito de insolvencia punible y de ser partícipes a título lucrativo de una operación en la que la jueza calcula que se habrían desviado al menos 23 millones de euros de dinero público.

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte Villar, acordó el procesamiento en un auto del pasado 23 de enero con el que pone fin a cuatro años de investigación del denominado Caso César. Fue en 2015 cuando puso el foco sobre las ocho constructoras que participaron en las obras del AVE entre Crevillente y Murcia (la propia San José, Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa, Neopul, Villegas y Hormigones Martínez) para averiguar si habían participado en un fraude millonario con cargo al erario público.

Los mayores sobrecostes, de San José

La jueza realiza en su auto un estudio pormenorizado de todas las facturas relacionadas con estas obras en todos los tramos detecta un mismo patrón: unos gastos que no se corresponden con el importe de la adjudicación. El caso donde esta diferencia se hace mayor es precisamente en la firma presidida por Jacinto Rey.

“Destaca la diferencia no justificada por Constructora San José SA entre el importe facturado a ADIF (12,88 millones de euros) y el sumatorio de costes aportado (9.5 millones de euros)”, recoge el auto. Serían casi 3,4 millones de euros sin justificar en las obras del tramo entre Colada de la Buena Vida y Murcia, según concluye la jueza.

Facturas falsas y oídos sordos en Adif

En el centro de la operación se sitúan las facturas falsas para para inflar el precio de los arreglos de canalizaciones. Las constructoras acusadas de haber participado en esta operación encargaban trabajos a la pequeña constructora murciana, Obras Marimar, por unos importes en el caso de que San José ascendieron a 2,44 millones de euros, pero que nunca se llegaban a ejecutar.

Pero la lupa de la Justicia no se cierne solo sobre las constructoras, sino también sobre la propia administración. “Tal masivo desvío de fondos (...) no hubiera podido llevarse a cabo en principio sin el conocimiento/consentimiento en las operativas realizadas para esos desvíos de fondos, de personas responsables tanto de las 'adjudicatarias principales' de las obras y de la propia Adif”, recoge el auto. Por este motivo decide procesar también a cuatro altos cargos de Adif.

Un artículo de Javier G. Casco

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