Una concesionaria minera lleva a Zona Franca al Supremo por una histórica deuda de 13 millones

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El grupo Gradín presenta una demanda millonaria por los derechos de un yacimiento localizado en el primer polígono del Consorcio vigués

Luis S. Pinal-Martín

Reunión de los delegados de Tenerife, Cádiz y Gran Canaria el pasado noviembre. En el centro, Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca en Vigo
Reunión de los delegados de Tenerife, Cádiz y Gran Canaria el pasado noviembre. En el centro, Teresa Pedrosa, delegada de la Zona Franca en Vigo

en Vigo, 23 de junio de 2015 (23:25 CET)

Nuevo pulso judicial contra la Zona Franca que podría suponer un grave desequilibrio para las cuentas del ente público dependiente del Ministerio de Hacienda. El grupo empresarial Gradín, con intereses en diferentes sectores económicos localizados en el sur de la provincia de Pontevedra, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para rescatar un total de 13,7 millones de euros -más los correspondientes intereses de demora- en los que evalúa la pérdida de las concesiones de dos áreas mineras en el primer gran polígono empresarial que promovió la Zona Franca en el Ayuntamiento de O Porriño.

La firma Sial, SA, comercializadora de combustibles y englobada en el grupo que controla José Jaime Gradín, un adinerado selfmade man bien conocido por muchos alcaldes del PP del sur pontevedrés, reclama en el alto tribunal el reconocimiento a sus derechos mineros en el polígono de A Granxa, sobre cuyos terrenos, tras adquirirlos al Ayuntamiento de O Porriño, según el demandante, la Zona Franca levantó su parque industrial de 933.000 metros cuadrados sin tener en cuenta sus yacimientos de arcilla y caolín, que eran explotados en régimen de concesión administrativa otorgada por el municipio desde los años 70 del siglo pasado.

Litigio anterior

Ante el recurso de casación interpuesto por Sial, el tribunal tendrá que dilucidar si efectivamente se produjo una expropiación sin más de los terrenos, privando a su dueño de su rentabilización sin indemnización, o, si por el contrario, se realizó conforme al derecho vigente sin lugar a una contraprestación. Según pudo saber Economía Digital, el Consorcio ha contratado los servicios de un procurador para llevar su representación técnica en el Supremo, y que es el mismo profesional que también se personó para defender los intereses de la Zona Franca en el litigio anterior sobre este mismo petitum, y que fue ventilado negativamente para el reclamante hace unos meses en la Audiencia Nacional.

A finales del 2014, la sala de lo contencioso-administrativo ya resolvió que no era procedente pagar la cifra que el empresario pontevedrés reclamaba al ente adscrito al Ministerio de Hacienda. Incluso antes, en 2013, en igual sentido desestimatorio había dictado una sentencia la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que fue posteriormente recurrida ante la Audiencia. Y ahora, ante la última negativa de la Audiencia Nacional a reconocer esos derechos mineros, la firma Sial ha decidido acudir al Supremo para tratar de obtener un rendimiento dinerario por considerarse, en síntesis, "despojada" de la citada concesión y de sus derechos inherentes.

Argucias legales

La controversia que ha motivado el pleito entre Gradín y la Zona Franca -ambos se han convertido en sus respectivos némesis, ya que no es este el único litigio vivo que los mantiene judicialmente vinculados desde hace años- tiene su origen en el ya lejano año 1992. El largo rosario de ardides legales para colarse entras las costuras de las leyes ha llevado al demandante casi 23 años después a mantener el pleito en todo lo alto. Si bien es verdad que presumiblemente su recorrido se acabará en al alto tribunal, la pérdida o la ganancia económica en juego despeja las dudas de su relevancia.

Por aquel entonces, hace más de dos décadas, las dos empresas disponían de licencias de explotación de derechos mineros en unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de O Porriño, cuya superficie alcanzaba los 933.000 metros cuadrados. Zona Franca adquirió estos terrenos al municipio para instalar su primer gran parque empresarial, el de A Granxa, donde se asientan en la actualidad unas 200 empresas. Los problemas empezaron en ese mismo instante, por cuanto Gradín no aceptó verse sin su autorización administrativa de la noche a la mañana.

Contrato

La actual demanda del conocido empresario, tumbada en el pasado sucesivamente por los diferentes tribunales que la han examinado aun a pesar de emplear aquel diversos y largos caminos judiciales, tiene su anclaje principal en que después del momento de la operación de compraventa entre el ente local y el Consorcio, en relación a los citados terrenos sobre los que se asentó el parque A Granxa, la Zona Franca resolvió el contrato de concesión pública minera con las citadas empresas. Como consecuencia de ello, según el apelante dejaron de satisfacerse los derechos de explotación a futuro que a las dos compañías concesionarias podrían haberle correspondido.

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