Alberto Lavandeira, consejero delegado de Atalaya Mining, en una visita a la mina de Touro

Un socio de la mina de Touro se llevó 9 millones en obras de la Xunta

El grupo de Explotaciones Gallegas, socia de Atalaya en la mina de Touro, fue una de las mayores adjudicatarias de obra pública de la Xunta en 2019

Mientras el proyecto de la mina de Touro continuaba su tramitación, uno de los socios sacaba brillo a su actividad primigenia, las obras. El grupo de Explotaciones Gallegas, la titular de los derechos mineros en Touro y aliada de Atalaya Mining en el proceso para abrir la explotación de cobre, fue uno de los principales adjudicatarios de obra pública de la Xunta el año pasado.

A través de Francisco Gómez y Cia., la otra empresa del grupo familiar administrada, al igual que Explotaciones Gallegas, por Eva Gómez Portela, el socio gallego del proyecto se adjudicó 9,3 millones en obra pública de la Xunta, según los datos difundidos por la Federación Gallega de la Construcción.

Repartida en cuatro contratos, la cuantía adjudicada a la empresa la convirtió en la séptima mayor adjudicataria del Gobierno gallego el año pasado, por delante de Copasa o Extraco.

El único cliente de la empresa no fue San Caetano. Se adjudicó también un contrato de 3,1 millones del Estado y otros 27 contratos menores, que elevaron el importe obtenido en la obra pública gallega el año pasado a 13,5 millones, la decimotercera mayor adjudicataria en las obras de las administraciones públicas en Galicia.

Naufragio del proyecto de Touro

A comienzos de este año, la Xunta tumbó la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto minero, que tramitaba una sociedad instrumental de Explotaciones Gallegas y Atalaya Mining, Cobre de San Rafael. La negativa dio al traste con las aspiraciones de explotar el yacimiento por parte de los socios y dio la razón a los colectivos vecinales y ecologistas que se movilizaron contra la apertura de la mina.

Atalaya, que tenía el compromiso de adquirir hasta el 80% de la explotación a Explotaciones Gallegas, trasladó a los inversores que estaba estudiando con sus asesores presentar un recurso contra la resolución de la Consellería de Medio Ambiente.

Un artículo de Rubén Rodríguez

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