Un cártel de concesionarios Opel controló precios y clientes en Galicia desde 2011

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MULTA DE COMPETENCIA

José María Marín Quemada, presidente de Competencia, y concesionario Opel

en A Coruña, 13 de marzo de 2015 (22:10 CET)

Acordaban precios e intercambiaban información sobre clientes para asegurarse el control del mercado en Madrid y Galicia. Esa es la conclusión que extrae la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la investigación sobre una red de concesionarios Opel que operaba en las dos comunidades y que estaba formada por 23 distribuidores autorizados del fabricante de automóviles.

El organismo presidido por José María Marín Quemada entiende que incurrieron en prácticas constitutivas de un cártel entre 2011 y 2013, llegando a pactos con "manifiesta ocultación y secretismo", concertando reuniones e incluso estableciendo sanciones para los concesionarios que incumplían el acuerdo. Competencia fija una multa de 5,3 millones para 23 empresas, ocho de ellas gallegas y el resto con domicilio en Madrid. También sanciona a Ancopel, la asociación de concesionarios Opel de España, y a ANT Servicalidad, una sociedad con domicilio social en Elche que ejercía como evaluador y nexo de unión entre los miembros del cartel.

Así se organizaban

Ancopel y ANT son las piezas clave en la operativa, que tenía como objetivo último controlar clientes y mercado en las respectivas zonas que delimita Competencia, Madrid y Galicia, pero también en una especie de reparto de territorio dentro de la comunidad que iba en función del espacio donde operaban las empresas implicadas.

ANT hace análisis de atención al cliente y de ventas perdidas para los concesionarios. Los resultados de sus evaluaciones se remitían a través de Ancopel a las empresas, e incluían estudios de mercado con instrucciones precisas sobre qué modelos vender y a qué precio. El objetivo, dice Competencia, era "acabar con la guerra de precios" y "homogeneizar descuentos". Es decir, pactar los precios.

En la facturación de ANT figuran pagos de Ancopel por estas evaluaciones realizados a través de su central de compras, Anco, que también fue sancionada.

Intercambiaban hasta el censo de los clientes

En un correo electrónico que consta en el expediente de Competencia se explica hasta qué punto eran exhaustivas las instrucciones y cómo se verificaba a través de falsas visitas que los concesionarios cumplían las órdenes:

"Buenos días (Directivo de ANT): Le adjunto los dos modelos con los precios para las seudocompras de Galicia. Deben operar así: En Vigo, decir que vienen de Pontevedra. En Pontevedra que viene de Villagarcia. En La Coruña, que vienen de Carballo. En Carballo que viene de Santiago. En Santiago que vienen de Ferrol, y En Ferrol que vienen de Coruña. En Lugo que vienen de Monforte Y en Monforte que vienen de Lugo. En Orense que vienen de Vigo. En Villagarcia, este mes no hacer por el momento visita. Saludos, (Secretario General de ANCOPEL)".

Se indicaba el precio al que se debía vender cada vehículo y los descuentos a realizar en cada caso. Los modelos afectados por estas prácticas fueron los Opel Astra, Zafira, Mokka e Insignia. Los informes de ANT llegaron a incluir datos sobre potenciales clientes, incluyendo su censo, de manera que cada concesionario se asegurase los clientes en su zona de influencia.

La técnica del 'cliente misterioso' 

Para asegurar que se cumplían los pactos, se utilizaba la técnica del cliente misterioso. Un operario de ANT visitaba los concesionarios en dos ocasiones, la primera para conocer a qué precio se estaba vendiendo el modelo y la segunda para comprobar los descuentos.

Posteriormente, se redactaban informes de cada punto de venta, indicando qué empresas cumplían y cuáles no. Se llegó incluso a fijar sanciones para alguna de las incumplidoras.

Las empresas implicadas

La sanción más elevada impuesta por Competencia es para el grupo Seligrat de Automoción, de Madrid. Controla al menos doce concesionarios en Madrid. El superregulador le impone una sanción de 989.500 euros. Le siguen, por cuantía, Talleres Prizán, con 686.00 euros; y Roauto, con 505.800 euros; ambas con sede en Madrid.

Las empresas gallegas implicadas son Aceña (Lugo), Aelsa (Pontevedra), Urbieta (Carballo), Autoviasa (Vigo), Bétula Cars (Ourense), Cesmauto (Monforte de Lemos), Motor Kar (Cabanas) y Motor Coruña (A Coruña).

La sanción conjunta para los concesionarios gallegos asciende a 700.000 euros. Las multas más elevadas corresponden a Bétula Cars, con 149.715 euros; Motor Coruña, con 153.369; y Autoviasa, con 122.946.

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