Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados. En la imagen, cerdos ibéricos y cruzados en un campo de Extremadura.

Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados

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El auditor alimentario Acerta abandona la industria del cerdo ibérico tras denunciar fraude generalizado con la complicidad del ministerio y las autonomías

David Placer

Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados. En la imagen, cerdos ibéricos y cruzados en un campo de Extremadura.

en Madrid, 16 de abril de 2018 (05:00 CET)

Una empresa auditora de alimentos acaba de destapar la caja de los truenos al denunciar fraude generalizado y malas prácticas en los productos de cerdo ibérico.

Acerta, una empresa dedicada a las inspecciones de productos ibéricos desde 2009, acaba de anunciar que abandona los trabajos de certificación de productos procedentes del cerdo ibérico para enfocarse en otras áreas alimentarias.

La compañía ha lanzado una dura acusación contra el sector al asegurar que las entidades que deben inspeccionar y certificar la autenticidad de los productos también están involucradas en el fraude.

El director general de la empresa, Matías Romero, ha comunicado públicamente la retirada de un sector convulso. La Guardia Civil inició una investigación contra el fraude del jamón ibérico contra Comapa, el mayor distribuidor de jamones de España, por vender jamones de cebo como ibéricos de bellota en algunas cadenas de supermercados, entre ellas, Carrefour.

El bajo precio del supuesto jamón ibérico de bellota low cost levantó las suspicacias del sector que considera “imposible” la venta de jamones de bellota por debajo de los 300 euros. Carrefour llegó a vender jamones incluso por debajo de los 200 euros, tal como ha publicado este diario.

Los productores de alimentos procedentes del cerdo ibérico están obligados a contratar los servicios de entidades inspectoras y certificadoras para que verifiquen que el producto cumple con las especificaciones de su etiquetado. Estas entidades son empresas privadas pagadas por el propio fabricante y que en la práctica funcionan como colaboradoras de la administración. 

Con estas auditorías se intenta evitar, por ejemplo, que un productor venda como un jamón ibérico de bellota una pieza procedente de un cerdo que ha sido alimentado en una granja con costes de producción mucho más reducidos.

Complicidades y falta de control

El fraude de falsos productos ibéricos ha alarmado a los productores tradicionales del ibérico que denuncian falta de control por parte de las autoridades.  “¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, explicó el director general de la compañía en un comunicado público. Y la empresa lanza acusaciones sobre quienes hasta ahora han sido competidores. “Determinadas actuaciones de ciertos operadores del sector han puesto en tela de juicio la fiabilidad de las entidades de inspección. Tanto es así que hoy por hoy se presuponen cómplices de un fraude generalizado”.

El auditor alimetario da un portazo al insinuar que la corrupción se ha apoderado tanto de las empresas productoras como de las auditoras que deben certificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

“En Acerta queremos hacer las cosas bien. En la mayoría de los casos lo conseguimos a un gran nivel; en otros no tanto, la autocrítica nos sirve para aprender. Pero, en cualquier caso, nuestros valores siempre están por encima de las oportunidades económicas. Desgraciadamente, para nosotros la inspección de cerdo ibérico ha acabado siendo una actividad desmotivadora”, asegura el comunicado.

El creciente fraude de los falsos productos ibéricos tiene "difícil solución, según la compañía.  “Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes y, en consecuencia, cada vez es más difícil sacarlas del juego, desautorizarlas, quitarles la acreditación, pues miles de productores se quedarían sin poder calificar su producto y el mercado quedaría desabastecido”.

La empresa también ha acusado al Ministerio de Agricultura y a las administraciones autonómicas como por su complicidad con el fraude. “El ministerio y las comunidades autónomas son conscientes de esto pero miran para otro lado. 

La compañía solicitó el fin de las actividades el 20 de febrero pasado y dio un plazo de un mes a los productores para que buscasen otra entidad certificadora.

El director de la empresa, que también certifica otros procesos de seguridad alimentaria y acuicultura, culminó su carta de despedida con una frase demoledora. “Esperamos poderlos atender en otros ámbitos donde nuestro trabajo tenga sentido y aporte valor, y donde podamos ser realmente un eslabón de la cadena de generación de confianza para el consumidor”.

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