Tres grandes accionistas de Pescanova preparan querellas contra el presidente

La vía penal se abre paso en la crisis de Pescanova. Tres grandes accionistas con representación en el consejo de administración de la multinacional (Damm, Luxempart e Iberfomento) han acordado ya la presentación de querellas contra el presidente Manuel Fernández de Sousa-Faro por entender que de su gestión al frente de la compañía se derivan varios delitos. Los tres accionistas suman un 15,3% del capital de la compañía, frente al 7,45% que declaró ayer Manuel Fernández de Sousa-Faro tras tres meses de ventas selectivas en el mercado, desde un 14,2% que hasta este lunes declaraba oficialmente controlar.  

Los tres accionistas, que habrían instado a otros consejeros de Pescanova a iniciar acciones legales y sumarse a la querella, han acordado recurrir a la vía penal por entender que de la gestión de Fernández de Sousa-Faro se derivan presuntos delitos societarios, de uso indebido de información privilegiada, fraude y estafa. Esta actuación se sumaría a la querella presentada por los accionistas minoritarios de Pescanova, cuya admisión tramita en la Audiencia Nacional el magistrado Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción central número cinco.

Información privilegiada

Abogados y asesores jurídicos de los tres grupos se personaron este lunes en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para solicitar información sobre la situación de la empresa, y para conocer de primera mano los pasos que dará la autoridad bursátil a partir de ahora, sobre el límite planteado por el organismo que preside Elvira Rodríguez para que la multinacional presentase sus cuentas de 2012, que expiraba ayer. En cuanto al nuevo frente judicial, fuentes oficiales de Damm, que detenta directamente el 6,1% de Pescanova, se limitan a señalar que “estudiamos acciones legales” contra la compañía, al tiempo que se declaran “sorprendidos e indignados» tras conocer que el presidente ha vendido casi la mitad de su participación de la compañía antes del preconcurso de acreedores, hasta situarla en el 7,45%.

En esta línea, critican el hecho de que Fernández de Sousa-Faro «ha utilizado información privilegiada porque ha vendido acciones a un valor superior al que están hoy los títulos», suspendidos la cotización en 5,91 euros. Fernández Sousa llevó a cabo numerosas operaciones de venta de su participación desde el pasado 4 de diciembre hasta el 27 de febrero, deshaciéndose de un total de 1,98 millones de acciones del grupo, representativos del 6,9% del capital, a precios entre un máximo de 17,7 euros y un mínimo de 13,6 euros. El importe de las ventas supera los 32 millones de euros.

«Ha mantenido artificialmente una impresión de solvencia en beneficio propio y en perjuicio del resto de los accionistas, no sólo del propio consejo de administración sino de todos», señalan dichas fuentes de Damm.

Apoyos ficticios en el consejo

La venta de acciones de Pescanova que llevó a cabo el presidente, cuando aseguraba mantener más de un 14% de la compañía, desata otra crisis paralela y abre un abismo en el propio consejo. Esa participación le concedía Fernández de Sousa hasta cuatro puestos en el máximo órgano de administración, con lo que pudo sacar adelante la presentación del concurso gracias a un apoyo en esos momentos ficticio. Esos consejeros son su hijo Pablo Javier Fernández Andrade, su hermano Fernando Fernández de Sousa-Faro, y Jesús García, un asesor afín en representación de la Sociedad Gallega de Importación de Carbones, que pertenece al presidente de Pescanova.

Sin embargo, con la actual participación en la firma debería contar sólo con su puesto y al menos otro más, por lo que no habrían prosperado sus propuestas de solicitar el concurso. De hecho, según el reglamento del consejo de Pescanova, una participación por debajo del 8% no le daría opciones al propio Fernández de Sousa ni siquiera a ocupar un puesto como consejero dominical.

El presidente de la compañía, enfrentado a la CNMV al no presentar las cuentas en tiempo y forma, también se da de bruces ahora con la Ley del Mercado de Valores. Dicha norma considera infracción muy grave «la inobservancia del deber de información previsto en los artículos 35 bis, 53, 53 bis y 83 bis.4 de la Ley cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido». Como consejero, Fernández de Sousa tenía obligación de comunicar en un plazo de ocho días hábiles cualquier venta. Por encima del 3%, ya no sería cualquier consejero el obligado, sino todo accionista. La citada norma establece varias sanciones por infracciones muy graves como multas o la suspensión en el ejercicio del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad por plazo no superior a cinco años.