Los responsables de las patronales de Ourense, José Manuel Pérez Canal; Pontevedra, Jorge Cebreiros; A Coruña, Antonio Fontenla; y Lugo, Jaime López,  en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia
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Antón Arias saca adelante las cuentas de 2016, Alvariño pide una rectificación pública y todos dan carpetazo a las amenazas de acabar en los juzgados

R.Rodríguez/P.Barro

Los responsables de las patronales de Ourense, José Manuel Pérez Canal; Pontevedra, Jorge Cebreiros; A Coruña, Antonio Fontenla; y Lugo, Jaime López, en la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia

en A Coruña, 29 de diciembre de 2017 (06:00 CET)

La patronal gallega celebró este jueves otra reunión de alto voltaje en una junta directiva que tenía como principal objetivo convocar la asamblea general de la entidad, pero que llegó marcada por la propuesta del comité ejecutivo del pasado 30 de octubre de valorar posibles acciones legales contra los expresidentes José Manuel Fernández Alvariño y Antonio Dieter Moure.

Esta iniciativa, desvelada el miércoles por Economía Digital, quedó en nada. El comité ejecutivo la descartó e informó de ello a la junta directiva. No evitó el paso atrás el debate. Fernández Alvariño, que como expresidente es miembro nato de la junta, exigió una rectificación pública que repare su imagen, una vez que las insinuaciones del anterior comité ejecutivo sobre presuntas ilegalidades de su gestión trascendieron a los medios.

Antonio Dieter, que pidió explicaciones a Antón Arias por la filtración de documentos internos, criticó la ausencia de Jaime López, todavía secretario cuando se celebró el comité ejecutivo del 30 de octubre, en una actitud que consideró “cobarde” en presencia del resto de líderes provinciales.

Cuentas aprobadas, pero sin presupuesto

Bajo este manto de tensión, el presidente de la CEG sacó adelante las cuentas del ejercicio 2016, que irán a la asamblea convocada el próximo 12 de enero para su aprobación definitiva. Arias propuso también llevar al máximo órgano de decisión de la patronal un avance de los presupuestos de 2017, pero la idea fue descartada, según indicaron fuentes de la junta directiva, porque no había datos suficientes y, los que había, tampoco se habían consensuado.

Representantes de las patronales del sur, entre ellos Fernández Alvariño, criticaron a la dirección de la CEG por “incumplir los estatutos”. Achacan a Arias que convocó solamente en dos ocasiones a la junta directiva, cuando los estatutos exigen seis reuniones anuales. “La dirección de la CEG está secuestrada”, decía una vez acabada la reunión el empresario vigués.

Adiós al secretario

El comité ejecutivo también aceptó el cese de las funciones de Jaime López, líder de la patronal lucense, como secretario xeral de la Confederación de Empresarios de Galicia, puesto que ocupó en relevo de Fausto Santamarina mientras este libraba un contencioso con la institución por su finiquito.

López envió una carta a Antón Arias fechada el 16 de noviembre en la que eximía a la organización “incluso del cumplimiento del plazo de preaviso” para la rescisión del contrato y expresaba que, “una vez resuelta la situación laboral con el anterior secretario general”, procedía abrir el proceso de selección de un nuevo secretario sin que la elección “se vea predispuesta o atada por la solución provisional que alcanzamos”, en alusión a su cargo.

Aunque el presidente de la patronal agradeció esta postura, Dieter insistió en las críticas al secretario de los empresarios lucenses. Ante la junta directiva mostró unos papeles que, según sostiene el profesor ourensano, demuestran que López fue condenado e inhabilitado. Dieter asegura que el secretario saliente negó tal condena ante la cúpula de la CEG cuando el expresidente desaconsejó que fuera nombrado para el cargo.

El nuevo secretario xeral, en principio, se buscará en casa a través de la promoción interna. 

Los finiquitos de la patronal

Finalmente, también se dio cuenta de la indemnización de 280.000 euros a Fausto Santamarina, resultado del contencioso que abrió el anterior secretario xeral a su salida de la entidad.

El ajuste de personal que emprendió la Confederación de Empresarios para aliviar su tesorería ha costado más de 400.000 euros en indemnizaciones a los trabajadores despedidos, según fuentes de la junta directiva. 

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