Imagen de archivo de un astillero / EFE

'Tax lease': ola de reclamaciones a la vista de inversores gallegos

Grandes empresas e inversores gallegos podrían rebajar hasta casi la mitad la cantidad reclamada por Hacienda tras el golpe de Europa al 'tax lease'

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) coge a contrapié a empresas e inversores gallegos que en su día se acogieron al régimen del tax lease. La justicia europea ha estimado el recurso planteado por la Comisión Europea y avalá la decisión que el Ejecutivo comunitario tomó en 2013, cuando consideró que este sistema de bonificaciones fiscales era ilegal al constituir una ayuda de Estado.

Grandes empresas gallegas, bancos, aseguradoras e inversores se verán obligados a devolver una cantidad que el Ministerio de Hacienda cifró en 126 millones de euros durante la etapa Montoro, pero que podría rebajarse de manera sustancial en el caso de que prosperen la oleada de reclamaciones que se espera que presenten. Y es que aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la UE, todo hace que indicar que este se pronunciará de manera favorable hacia a la Comisión Europea, a la que ya le dio la razón en el pasado.

“Es posible que el importe a devolver [al que hay que sumar intereses por demora] sea menor y que estas cantidades puedan llegar a caer hasta la mitad en algunos casos”, asegura Alberto López, socio director de A&J Internacional. “Podrían descontar de estos 126 millones las cantidades a las que se acogieron los armadores en conceptos como ayudas fiscales por transporte marítimo”, asegura López, que recalca que la sentencia del TGUE se conoce en el peor momento posible ante la crisis económica desatada por el Covid-19.

Las empresas gallegas afectadas

En la lista de afectados por la devolución de estas ayudas fiscales se encuentran algunas de las principales empresas gallegas. Es el caso de la propia Inditex, que participó en la creación de más de una decena de navieras bajo la fórmula de las agrupaciones de interés económico (AIE) que llegaron a contar con unos activos conjuntos de 566 millones de euros.

Aluminios Cortizo, por su parte, estuvo presente en siete navieras, mientras que el Banco Santander canalizó estas inversiones a través de su filial Santander Investment, que llegaron a contar con un capital social conjunto de 11,6 millones de euros. También se acogió a la fórmula del tax lease la antigua NovacaixaGalicia tras digerir los activos de Caixanova, al igual que Banco Gallego (presente en su día en casi una decena de navieras), Bankia, la aseguradora Caser o Banco Pastor, que llegó a crear siete navieras bajo esta fórmula jurídica, que llegó a contar con una exposición cercana a los 60 millones de euros en su momento.

José Alberto Barreras, que ha presentado oferta para hacerse con el histórico astillero vigués Factorías Vulcano, o la familia Freire (propietaria de Megasa) son otros de los grandes inversores que en su momento se acogieron al sistema de ayudas del tax lease y que ahora se ven perjudicados por la decisión del TGUE.

El funcionamiento del 'tax lease'

La fórmula del tax lease fue utilizada hasta hace casi diez años. Para ello, una entidad financiera que prestaba los servicios de leasing compraba un buque en construcción a un armador para que posteriormente una de las agrupaciones de interés económico adquiriesen el buque a la sociedad de leasing mediante la financiación de este instrumento financiero.

Finalmente, las AIE alquilaban con opción de compra la embarcación al armador, que lograban una rebaja en el precio del buque tras un periodo en el que los integrantes de la AIE habían dejado un reguero de bases imponibles negativas tras llevar a cabo la amortización acelerada de los contratos de arrendamiento financiero.

Un artículo de Javier G. Casco

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