Soria despeja el camino a Enagás en Gijón y pone piedras a Reganosa

El Ministerio de Industria y Energía ha redecorado silenciosamente parte del sector energético español, en un movimiento que puede tener como resultado que Enagás (posee, además de otras cuatro, una planta de regasificación bloqueada en el puerto de El Musel, en Gijón) pueda ocupar cuanto antes una buena posición de competencia directa con Reganosa en el mercado del norte de España, donde la firma ferrolana tiene su principal centro de operaciones y suministración. Este territorio es casi el único que Enagás no controla de forma directa en todo el mapa español. Funciona por el momento bajo la influencia de la empresa gallega a través del potencial del propio complejo gasista de Mugardos y la malla de 130 kilómetros de gasoductos.

La actividad del ministerio en el escenario energético se ha centrado en dos vías: por medio de la Abogacía del Estado, ha interpuesto, según pudo saber Economía Digital en fuentes del sector, un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló, a instancia de colectivos ecologistas, la licencia de construcción de la planta de Enagás en Gijón, competidora directa de Reganosa. La desestimación del recurso por el alto tribunal supondría que Enagás enterraría en la práctica, extremo poco probable, casi 400 millones de euros invertidos en el complejo, ahora provisionalmente sin autorización y sin permiso para bombear gas. Las alegaciones ministeriales están en la fase de estudio previo por parte de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Obstáculos

Fuentes del negocio gasista consideran que las tesis de fondo del recurso judicial prosperarán, porque el propio fallo anulatorio del Tribunal Superior fundamenta parcialmente su decisión en una normativa administrativa y preconstitucional, ya derogada. Una vez franqueado este trámite por la Abogacía del Estado, la ruta asturiana de Enagás quedará prácticamente libre de obstáculos para poder competir con la planta de recepción y almacenamiento de Mugardos, operativa desde antes de que se concediesen todas las licencias iniciales a la de El Musel, pero, al parecer, con el camino más bacheado.

En paralelo a la batalla en los tribunales, Industria ha ordenado este mes acelerar las obras de construcción del gasoducto desde El Musel hasta la red general española. Un total de 17 kilómetros que estarán listos antes de final de año y que habilitarán, de entrada, el consumo de gas en ciudades como Gijón y Oviedo. Este gasoducto urbano entre las principales ciudades asturianas esquiva parcialmente el veto de hibernación que pesa desde 2012, a través de un real decreto-ley, sobre las nuevas regasificadoras, entre ellas la de Gijón y la que promueve el empresario Villar Mir en Huelva.

Desequilibrio

La puesta en marcha del complejo de Gijón repercutirá en el complejo punto de equilibrio que mantienen Reganosa y Enagás en el norte de España, y podría destruir parte de la ventaja que supone la localización estratégica de la regasificadora de Mugardos, en la que la Xunta cuenta con el 18%. La distancia entre las plantas ferrolana y asturiana es de tan solo 209 kilómetros. Son instalaciones prácticamente idénticas en capacidad de confinamiento y fuerza de bombeo. El resto de complejos gasistas están localizados en Bilbao (de modo que la de Gijón sería la tercera planta en menos de 450 kilómetros), Barcelona, Sagunto, Cartagena y Huelva, todas ellas de Enagás, a excepción de la última.

Indemnización pública

Fuentes de Reganosa declinaron entrar a valorar esta situación de competencia futura aclarando que “Enagás es otro operador del mercado y no opinamos sobre esto; la situación, en su caso, deberá ser aclarada por el regulador”. Por su parte, Enagás se limitó a comentar que cumple el mandato del Gobierno de tener operativas las instalaciones gijonesas “en todo momento”, para que puedan ser usadas en cuanto se reúnan las condiciones. Sobre este extremo, la formación política UPyD valoró en casi 76 millones de euros la indemnización que el ministerio tendrá que pagar al cierre de 2014 a Enagás por tener bloqueadas estas instalaciones desde 2012.