San José y Puentes y Calzadas demandan a Fomento por retrasos en pagos de obras

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Ambos grupos persiguen en los juzgados millones de euros adeudados por empresas privadas y administraciones públicas morosas

Jacinto Rey, presidente de Grupo San José, y Ana Pastor, ministra de Fomento | EFE

30 de junio de 2014 (22:25 CET)

Constructora San José y Puentes y Calzadas multiplican su presencia en los tribunales e incluso han llegado a demandar al Ministerio de Fomento por retrasos en obras de autovías y autopistas en Cantabria y el Mediterráneo. Ambas han mantenido una actividad judicial de tanta intensidad que les ha llevado a ser, a gran distancia del resto, las empresas del sector gallego con mayor presencia ante los juzgados. No son los únicos casos, porque Copasa, Extraco, Espina Obras Hidráulicas o Constructora Eshos también llevan a la vía económico-administrativa o a los juzgados sus discrepancias con los organismos de las administraciones públicas.

Las reclamaciones presentadas por las dos sociedades constructoras más litigantes, tradicionalmente, además, poco beneficiadas por las obras públicas en Galicia, suman en torno a una docena. Estarían dirigidas con un doble objetivo: primero, vencer en los pleitos a sus oponentes (en su mayoría morosos tanto de las administraciones públicas como empresas privadas, pero en menor medida). Y segundo, mejorar su acuciante necesidad de liquidez para suavizar -al menos en el caso de San José- la delicada situación económico-financiera en la que están inmersas.

Acortar plazos

Una de los indicios por los que se advierte con mayor nitidez las estrecheces por las que atraviesa la mayor constructora gallega, es la reclamación planteada contra el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (Madrid), con una población de 12.000 vecinos. El ente local contrajo una deuda con Constructora San José por valor de casi 528.000 euros.

En un programa de pagos aprobado por el pleno municipal, la Corporación municipal, como consecuencia de su pésima situación económica, se ofrecía a saldar la deuda, ya en fase ejecutiva, en más de 100 plazos (casi 9 años) de 5.000 euros mensuales. La propuesta fue acogida como buena por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Pero la resolución fue recurrida por la constructora que preside Jacinto Rey, alegando ante los tribunales que era un período de tiempo excesivo, proponiendo reducirlo a 4 años. Y ha ganado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reduciendo el plan de pagos a 48 meses. De nada le valieron a los responsables municipales sostener los informes de la tesorería para argumentar que las fracciones de pago más elevadas descuadrarían las cuentas del municipio.

Intereses de demora

Otro de los morosos a los que ha recurrido Constructora San José para traducir el pleito en liquidez es el Ministerio de Fomento. Reclamó al organismo que dirige Ana Pastor la cifra global de 1,1 millones de euros por el doble concepto de intereses de demora y por indemnización por retrasos en los pagos de las obras de la autovía A-67, entre Cantabria y la meseta, en la que la constructora gallega fue adjudicataria de unos tramos.

En litigios con las administraciones públicas también es protagonista Puentes y Calzadas. Por un triple motivo. Demandó al Ministerio de Fomento para reclamar una deuda en calidad de intereses de demora por el retraso en el pago de una obra en la autopista del Mediterráneo A-8, por importe total de dos millones de euros. En este caso venció en el juicio a la Abogacía del Estado. Los otros dos frentes abiertos por la constructora gallega son contra una liquidación del Impuesto de Sociedades, por el que se le reclama 166.000 euros, y por una liquidación y sanción del IVA.

Un millón menos que pagar

Finalmente, aunque se prodiga poco en los tribunales, la constructora Extraco Construccións e Proxectos, situada entre las más beneficiadas por los contratos de la Xunta de Galicia durante 2013, según datos de la Federación Gallega de la Construcción, cuando lo hace, es por cantidades importantes. Ha logrado sacudirse una sanción de 1,08 millones de euros impuesta en su día por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como a otras constructoras, por supuestas prácticas anticompetitivas. El Supremo le ha dado la razón y retirada la multa.
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