Jacinto Rey, presidente de la constructora San José, durante la salida a bolsa del grupo

San José gana un litigio de 30 millones contra el Gobierno de Chile

Más de un lustro después, Chile da la razón a San José en un proceso de arbitraje por el que reclamaba sobrecostes en las obras de dos hospitales

Una inyección económica inesperada en plena pandemia. San José, la constructora del empresario pontevedrés Jacinto Rey, ha ganado el proceso de arbitraje por el que reclamaba al Gobierno de Chile compensaciones económicas por los sobrecostes generados en la construcción de dos grandes hospitales en el país sudamericano, los centros de La Florida y el Carmen.

Después de más de un lustro de proceso arbitral, el comité del Consejo de Defensa del Estado acordó el pasado 4 de agosto que el fisco chileno pague a la sociedad concesionaria San José Tecnocontrol SA 944.101 unidades de fomento (la unidad monetaria usada en Chile para ajustar las transacciones comerciales), lo que equivale a algo más de 28 millones de euros. El acuerdo, que en cualquier caso debe ser ratificado por el Ministerio de Hacienda, especifica que el Gobierno chileno abonará esta cantidad en cuatro pagos: los tres primeros en diciembre de este año, 2021 y 2022 y un cuarto en julio de 2023.

Sobrecostes

Este proceso ya se encontraba reflejado en las cuentas anuales de la constructora correspondientes al año 2013. Entonces, la compañía de origen gallego explicaba que estas obras habían impactado en su cuenta de resultados, al tener que contabilizar provisiones para afrontar la ejecución de las mismas. Explicaba entonces en su memoria anual que “debido a circunstancias externas al grupo, como los retrasos en la recepción de materiales justificados por huelgas del personal portuario en Chile, y modificaciones sobre el proyecto inicial, entre otras, se ha incurrido en costes adicionales habiendo sido informados y reclamados a los organismos chilenos pertinentes para su reconocimiento”.

“Hasta el reconocimiento definitivo de las cantidades a abonar por parte de la Administración chilena para cubrir esos costes adicionales”, adviertía San José, “el grupo, de forma prudente, está registrando contablemente en 2013 el impacto negativo en la rentabilidad del proyecto”.

Procesos arbitrales

En febrero de este año, el grupo constructor avanzó, en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su intención de poner en marcha otro procedimiento arbitral, en este caso contra el Gobierno de Perú tras la resolución de un contrato para las obras de mejora de la carretera Checca-Mazocruz, en la región de Puno, al considerar que los motivos alegados para dicha resolución "carecen de fundamento".

San José especificó que el importe de la cartera pendiente de ejecución ascendía a unos 30,5 millones de euros si bien la compañía indicaba que, en ese momento, no era "posible" evaluar el efecto que el conflicto contractual podría tener en los resultados de la sociedad.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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