Salvemos Cabana lleva ante el Defensor del Pueblo el estado de la antigua mina de Touro

La plataforma Salvemos Cabana ha enviado un nuevo informe a la Oficina del Defensor del Pueblo sobre los efectos adversos que la antigua mina de Touro, abandonada desde hace años como proyecto metalífero, tiene sobre el río Portapego que atraviesa Fonte Díaz, la capital del municipio coruñés. La asociación recuerda que justo en esa zona se anunció un plan de saneamiento coincidiendo con la inauguración de un paseo fluvial en cuyas tareas se invirtieron cerca de 120.000 euros en 2010.

Según Salvemos Cabana, las consecuencias de la tareas extractivas de la minera Río Tinto, (que en 1988 finalizó la extracción de cobre pero que hoy en día aún continúa sacando áridos), han derivado en la “devastación” del ecosistema existente en un pequeño río, en tiempos truchero. La minera “tras obtener durante años un concentrado polimetálico de cobre con pequeñas cantidades de oro abandonó a la intemperie las escombreras y cortas”.

Sin medidas de seguridad

Este hecho derivó, según denuncia la plataforma, “en un grave episodio de formación de aguas y suelos hiperácidos e hiperoxidantes, contaminando sin remedio los recursos hídricos de la zona al activar toda la problemática asociada al Drenaje Ácido de Mina (DAM), que convierte a las aguas de escorrentía en agentes tóxicos.

Pero Salvemos Cabana denuncia más consecuencias de la actividad extractiva de Río Tinto, como la existencia de una balsa de residuos tóxicos situada al borde de la carretera de entrada en la capital del municipio “que sigue carente de las más elementales medidas de seguridad, al carecer de un cierre eficiente del perímetro”. Esta no sería la única balsa de residuos derivada de la actividad del complejo minero, aunque sí la que presentaría una situación más comprometida al ser la más cercana a Fonte Díaz, la capital municipal de Touro.

La asociación en contra de la minería agresiva recuerda que, según la normativa vigente, “le corresponde a la Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia de minas, realizar las comprobaciones necesarias”, así como garantizar “el cumplimiento de la normativa minera aplicable y la adopción de medidas cautelares”.