Ryanair chantajea al Gobierno con despidos y desinversiones si no le perdona 65 multas

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AERONÁUTICA

Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, en Barcelona

09 de mayo de 2011 (14:05 CET)

Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair, vuelve a hacer gala de sus métodos poco ortodoxos para defender los intereses de la aerolínea. Después de aparecer disfrazado de torero en el centro de Barcelona o de animar a sus usuarios a lucir pancartas contra Iberia en el aeropuerto de Madrid a cambio de billetes, el máximo responsable de la low cost irlandesa echa mano del chantaje. Animado por el éxito que sus amenazas logran en gobiernos regionales de toda Europa, esta vez se ha envalentonado con el Gobierno español.

El pasado enero, O'Leary mandó una carta [Descargar] al ministro de Industria, Miguel Sebastian, en la que advierte de que cancelará rutas y eliminará bases en España si el Gobierno no retira 65 multas que varias administraciones interpusieron contra Ryanair en apenas dos años y que, en total, suman sanciones por 1,2 millones. En la misiva, filtrada el lunes por Expansión, se califican estas penas de “desproporcionadas e injustas” y que, a juicio de O'Leary, sólo responden a “una política vengativa” contra la aerolínea.

Infracciones graves


Basándose en este “agravio”, la compañía advierte al Ministro de que no “gastará ni tiempo ni recursos en apelar unas sanciones que no deberían haberse producido porque la aerolínea no ha cometido irregularidad alguna”. Por ello, y tras recordar “que es el primer inversor en el sector turístico español”, advierte al Gobierno de que si no retira las multas procederá a reducir rutas y a cerrar bases en España, con el consecuente despido de trabajadores.

Según la lista de multas, que O'Leary añadió a la carta, varios gobiernos autonómicos sancionaron a Raynair por infringir la normativa relativa a la información a los pasajeros que, debido a esta política, tuvieron que pagar más en el momento de la facturación. Por otro lado, Ryanair mantuvo teléfonos de tarificación adicional para informar a sus clientes, extremo prohibido desde inicios de 2010.

Otras sanciones hacen referencia a la operativa de los vuelos y llegan a multar a la aerolínea con más de 300.000 euros por incumplir la normativa de slots. La mayoría de las 65 sanciones son consideradas graves o muy graves por las autoridades, aunque no han afectado a la seguridad aérea.

Nóminas en paraísos fiscales

En España, Ryanair dispone de 44 bases, opera 1.500 vuelos y transporta 30 millones de pasajeros. Estas cifras la sitúan como la primera aerolínea en el país, por encima de Iberia. Sin embargo, este no es el único ránking que encabeza. La low cost irlandesa también es la compañía que más subvenciones recibe de las distintas administraciones españolas. Según fuentes del sector consultadas por Economía Digital, estas ayudas se camuflan en acuerdos de promoción turística que en realidad O'Leary destina a operar los vuelos.

Esas mismas fuentes advierten de que Ryanair no paga ni una sola nómina en España. Entre los métodos que permiten rebajar el precio de los billetes se incluye dar de alta a sus empleados en Irlanda, Gibraltar o directamente en paraísos fiscales.

Ceder al chantaje


Amenazar a las administraciones públicas no es nuevo para Ryanair. En Catalunya esta estrategia la conocen muy bien en la consejería de Territorio, donde tienen que lidiar con frecuencia con cartas y faxes como el que ahora tiene sobre la mesa el ministro de Industria.

En estos momentos, la Generalitat y Ryanair negocian por una subvención de siete millones que aprobó el gobierno de José Montilla. La actual administración anunció que no liquidará esa cantidad siguiendo con la política de recortes impuesta por Artur Mas.

Si el Gobierno catalán no paga u ofrece otras alternativas, la aerolínea se irá de Girona. Después de las amenazas de O´Leary, de momento, ha trascendido que Lluís Recoder, consejero de Territorio catalán, ha ofrecido crear una escuela para formar pilotos que después trabajarían para Ryanair.

El objetivo de la Generalitat es "cambiar un modelo basado en unos acuerdos comerciales puntuales a un modelo basado en el arraigo de las compañías en el territorio", aseguran desde la Generalitat a este medio.

En el ministerio de Industria, sin embargo, no han convocado ninguna reunión ni han dado respuesta alguna a la carta de chantaje dirigida a Miguel Sebastián.
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