Recelo en la industria: "El estatuto eléctrico puede tardar un año"

La reunión de la Mesa de Alcoa este jueves en Lugo sirvió más para despertar recelos entre el sector industrial que para acallarlos. De nuevo, el Gobierno central eludió poner fecha para la entrada en vigor del estatuto electrointensivo, la normativa llamada a regular el precio de la energía para los grandes consumidores. Según indicaron posteriormente desde el comité de empresa de la factoría de San Cibrao, el representante del Gobierno, el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, no solo no habló de fechas concretas, sino que tampoco hizo ningún adelanto acerca del texto. El resultado del encuentro ha despertado las alarmas en la industria electrointensiva que teme que, finalmente, “entre los distintos trámites por los que debe pasar la normativa”, el futuro decreto ley “no entre en vigor hasta dentro de un año”.

La reunión se preveía tensa y así lo fue. Por parte del Ejecutivo central se sentaba a la mesa tanto Blanco, como el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. La ausencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no sentó bien ni a Xunta de Galicia, ni a empresa, ni a trabajadores, los restantes invitados al cónclave. Maroto se encontraba en la Feria de Turismo de Madrid, pero tuvo tiempo de indicar que el estatuto eléctrico estará listo «muy pronto» y dará un horizonte de estabilidad a la empresa de unos cuatro años, tiempo en el que se definirá una política industrial basada no solo en el precio de la energía, sino en la competitividad de la industria. Ese fue, a grandes rasgos, el discurso que también esgrimió su número dos, que indicó que el texto normativo estará listo en próximas fechas.

Competencia

No obstante, estas afirmaciones, lejos de calmar a la gran industria consumidora, han desatado la alarma. “Si nos atenemos a lo dicho en la Mesa de Alcoa, la entrada en vigor del Estatuto podría demorarse meses o incluso un año. Aún debe de acabarse, y no sabemos nada de él ni si se tendrán en cuenta las alegaciones hechas al anterior borrador”, esgrimen fuentes del sector. “Además, de nuevo tendrá que pasar por el trámite de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Si finalmente tuviese que ir al Congreso, podriamos ponernos en un año fácilmente, algo que la industria en este momento no puede soportar”, explican.

Este es, a grandes trazos, el argumento que también defendió en la reunión el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado. Este insistió en que, con la actual regulación, en España es “inviable” mantener una industria de aluminio primario. Una vez más, recordó los datos que denuncia el grupo americano: la energía representa el 45% de los gastos de producción de toda la factoría de Alcoa en Lugo que, además, son un 70% superiores a los de otras plantas competidoras de Francia y Alemania.

¿Visita de Pablo Iglesias?

A mayores, las posturas del Gobierno autonómico y el central parecen cada vez más separadas a respecto del texto. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, que acudió a la Mesa de Alcoa, indicó a su término que las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en marcha son «insuficientes» para poder mantener la producción de aluminio primario. Por su parte, desde Madrid solicitan «lealtad institucional» a la Xunta de Galicia.

El comité de empresa de Alcoa, de momento, ha solicitado al vicepresidente Pablo Iglesias que visite la factoría lucense. «Hace dos meses le solicitamos que visitara la planta y todavía no tenemos contestación. Ahora que es vicepresidente creemos que es el momento de que venga a Alcoa y que nos diga cómo llegar a 2030 sin un estatuto electrointensivo y sin industria del aluminio», dijo el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.