Rebelión por partida doble de las eólicas gallegas

La patronal gallega carga contra la Xunta y contra Soria por poner en peligro la viabilidad de las empresas

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Otra llamada de socorro del sector eólico, que asiste en los dos últimos años a una sucesión de cambios normativos que empeoran progresivamente su situación y, si hacemos caso a la patronal gallega y a la española, ponen en peligro la supervivencia de las empresas.

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) se ha sumado a las alegaciones presentadas por la patronal del sector en el Estado contra el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico impulsado por el titular de Industria, José Manuel Soria, para combatir el déficit de tarifa. En un comunicado muy duro, en el que las eólicas califican de “retroactiva, discriminatoria, y arbitraria” la reforma, advierten que “si sigue adelante en estos términos, el impacto podría ser desproporcionado y el sector podría sufrir una cascada de problemas financieros, nuevos cierres de fábricas y destrucción de empleo”.

Sorpresas desagradables

Ni las quejas, ni las dureza con la que se pronuncian, son nuevas. Cambia el motivo. La asociación gallega ya consideró en términos similares la suspensión temporal de las primas a las instalaciones a comienzos de 2012, y su posterior formulación, en el Real Decreto-Ley 2/2013, que eliminó la posibilidad de las empresas de acudir al mercado de la electricidad beneficiándose de una compensación. EGA, antes de que se conociese la nueva reforma promovida por el Gobierno, advirtió que el concurso eólico de la Xunta se paralizaría ante la bajada en la rentabilidad de los parques.

Ahora, en el comunicado de la Asociación Eólica Española, se vuelve hacer hincapié en el desmantelamiento de fábricas, la pérdida de empleo y el riesgo que entraña el nuevo modelo normativo, de salir adelante, para la deslocalización de empresas. «Se plantean si les compensa quedarse en España o marcharse a países en los que se valore la riqueza y el empleo que generan», dice la patronal.

Justifica la lectura con cifras. En su Anuario 2013 –que abre un artículo de la presidente, Rocío Sicre, titulado Un año de incertidumbre— estiman el impacto de los cambios en la regulación, sin contar la reforma energética, en 600 millones, que dejará de ingresar la industria eólica del estado este año. Del mismo modo, afirman que se han perdido 3.600 puestos de trabajo en el sector este año, 25 al día.

Escenario en Galicia

En Galicia hay instalados 3.289 megavatios y quedan por instalar en torno a 3.600 más. El frente abierto de las empresas, azotadas por la normativa estatal, se centra en el ámbito gallego al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, una tasa que se aplica a los parques de aerogeneradores. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) resolvió que los parques eólicos no debían estar sometidos a este impuesto ya que no pueden equipararse a una concesión administrativa. La Xunta, sin embargo, recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En resumen, los parques pierden rentabilidad por los cambios normativos que, automáticamente, frenan la inversión en nuevas instalaciones. El concurso eólico, eso creen en el sector, se congelará, mientras espera a que se resuelven las incertidumbres sobre la reforma energética y sobre el impuesto de transmisiones.

Empresas auxiliares

Mientras, las empresas auxiliares de las renovables, dedicadas a la fabricación de componentes para aerogeneradores, van prescindiendo de trabajadores o, directamente, saliendo de Galicia, como la francesa Alstom, con presencia en As Somozas y Narón.

En fabricación de aerogeneradores, solo Gamesa y Vares aguantaron el tirón el año pasado, con 423,5 y 338,3 megavatios instalados respectivamente. Del resto de las 16 compañías que analiza la Asociación Eólica de España, solo Acciona y Almston llegarón a los 100 megavatios.

El último golpe

Y finalmente, llega la reforma energética, en la que las eólicas ven un golpe definitivo. “Con el fin de resolver esta situación tan difícil para la eólica, AEE tiende una vez más la mano al Ministerio de Industria para trabajar conjuntamente en una solución que no lleve al sector a la quiebra”, dice la patronal en su comunicado.

“Además de presentar las alegaciones, tal y como establece el procedimiento de consultas de la nueva normativa, AEE buscará las vías jurídicas adicionales que permitan reducir los desequilibrios y la incertidumbre causados por la batería de medidas actualmente en trámite”, concluye.

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