Quién es quién en el entramado de las rebajas fiscales del ‘tax lease’
Armadores, grupos inversores, astilleros y bancos se beneficiaron de una u otra forma gracias a las bonificaciones que ahora Bruselas exige devolver
La perspectiva es de lo último que se pierde en el mundo financiero y empresarial. Por ello, conviene resituar en su lugar a cada protagonista de la crisis del tax lease, el esquema de bonificaciones fiscales que permitió construir cientos de barcos en Galicia. De este entramado de desgravaciones, cuya devolución exige ahora Bruselas, se beneficiaron tanto los armadores (descuentos en el precio), grupos inversores (obtenían rebajas en su factura fiscal por adelantar el dinero), astilleros (lograban más carga de trabajo) y bancos, que comercializaban la estructura de tonnage tax como un producto financiero más. Veamos los protagonistas, a partir de los propios documentos de las entidades que comercializaban el tax lease.
Astilleros
Es el constructor del buque, que lo vendía a una compañía de leasing por su valor bruto. La compañía de leasing, a su vez, cedía los derechos y obligaciones bajo el mismo al armador, y suscribía un contrato de arrendamiento financiero con la Agrupación de Interés Económico (bancos e inversores) mediante el cual ésta última adquiría el buque a su finalización.
Grupos como Barreras y Vulcano realizaron durante los últimos años gran parte de sus operaciones al abrigo de la estructura del tax lease. La devolución de las bonificaciones se establece a partir de 2006. Con anterioridad, compañías como Rodman y Metalships o Izar, ahora en liquidación, realizaron encargos bajo este paraguas financiero. Bruselas dice que los astilleros “no tendrán que devolver ni un euro”, en palabras de Almunia. El problema estriba en que en los contratos de construcción de los buques los astilleros se hacían en parte responsables de cualquier incidente tributario que pudiera ocurrir.
Inversores
Partícipes en la Agrupaciones de Interés Económico (AIE) que aportaban el capital a la misma. La AIE es defendida por los bancos como una figura jurídica en régimen de transparencia fiscal constituida por una serie de inversores (empresas y entidades financieras españolas), cuyo negocio era la explotación del buque mediante su arrendamiento a casco desnudo (sin tripulación y por un año o más) al armador. La AIE traslada parte del beneficio obtenido con el diferimiento y exención de impuestos al armador (usuario final) mediante una reducción del coste financiero del contrato de arrendamiento o, lo que es lo mismo, mediante una reducción en el precio de adquisición del buque.
Los inversores están en el punto de mira de Bruselas, ya que esta actividad les permitía generar bases imponibles negativas para pagar menos en el Impuesto de Sociedades. En Galicia, entre los grupos inversores se encuentran Inditex (participó en la creación de nueve navieras, con unos activos de 566 millones de euros), Grupo Cortizo (siete navieras), Freire (tres AIE) y José Alberto Barreras, entre otros.
Bancos y cajas
Tomaban parte como “estructuradores” del sistema, acogiéndose a la tax lease como una oferta comercial más para grandes patrimonios. Entraban en las AIE con una participación, generalmente, del 51%, aunque hay casos en los que los paquetes oscilaban entre el 20 y el 30%. Bruselas les ha indultado de la devolución, que exige a inversores y armadores.
En Galicia, NCG mantiene bajo su órbita una docena de navieras, hasta este año repartidas entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El grueso de estas firmas había sido puesto en marcha en su día por Caixanova, años antes de su fusión con Caixa Galicia. En 2007, el Banco Pastor procedió a crear siete navieras bajo esta fórmula jurídica, en cuyo capital participa la propia entidad y también diversos socios.
Armadores
Era el usuario final que obtenía el derecho de explotación del activo mediante un contrato de arrendamiento a casco desnudo que firmaba con la AIE. La construcción de gaseros y remolcadores, y también de buques de pequeño y mediado tonelaje, realizada en astilleros gallegos, asturianos y vascos era el destinatario final de estas inversiones, que se canalizaban en régimen de arrendamiento financiero también para grandes compañías, como es el caso de Transmediterránea o Murueta.
En Galicia, antes de las bonificaciones que ahora Bruselas exige devolver (2006-2011), fueron muchas las compañías navieras que se acogieron a esta fórmula. Entre ellas, Elcano para metaneros como Castillo de Monterreal, o incluso Gas Natural Fenosa con su socio noruego Norspan, para financiar su flota de gaseros.
Hacienda
Otro protagonista clave. El riesgo fiscal de las operaciones de financiación, como adelantó Economía Digital, se garantizada, por un lado, mediante “la aprobación individualizada” por parte de la Dirección General de Tributos “de cada una de las operaciones que se le presenten”. “De esta manera”, señalaban los bancos, “se mitiga el riesgo de recalificación de las ventajas fiscales obtenidas al estar cubiertas por dicha aprobación”. Y de otro lado, desde dicho departamento de Hacienda se garantizaba que “en el caso de una resolución del contrato de arrendamiento entre la AIE y el armador y usuario final, por causas no imputables a la AIE, no se perderán los beneficios fiscales disfrutados” por la agrupación de interés económico.
