Antigua planta de Calizamar en el polígono boirense de Espiñeira, ahora en manos de una firma maderera

La quiebra de Calizamar, de Jealsa y Xunta, finaliza sin cubrir las deudas

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Calizamar, una apuesta de Xesgalicia y Jealsa para acabar con el residuo de las conchas de mejillón, concluye la fase de liquidación sin saldar sus deudas

A Coruña, 24 de noviembre de 2017 (05:55 CET)

La sociedad promovida por Xesgalicia, Jealsa, Calvo y otros actores del sector conservero para la valorización de conchas de mejillón ha escrito el último capítulo de su prometedora historia. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha dictado auto de conclusión del concurso de acreedores de empresa Calizas Marinas (Calizamar) por insuficiencia de la masa activa para saldar el pago de las deudas contraidas en los últimos tiempos.

Calizamar nació como un ambicioso proyecto que aportaba a los productores de mejillón una solución a un residuo de difícil tratamiento: la concha del bivalvo. Sin embargo, casi una década después de iniciar su actividad (aunque estuvo bastante tiempo sin licencia y funcionando en pruebas), comenzaron los problemas con el Concello de Boiro, en un principio por los malos olores que desprendía la instalación, situada en el polígono de Espiñeira.

La Xunta, a través de Xesgalicia, y Jealsa-Escurís habían apostado fuerte por esta iniciativa. Controlaban el 20,76% y el 15,02% del capital, respectivamente. La conservera Calvo, con sede en Carballo, era el tercer accionista de referencia, con una participación del 11,97%.

Sueño truncado

El cierre repentino de la fábrica, ordenado desde el Concello alegando vertidos, malos olores y quejas de los vecinos, motivó la declaración del concurso voluntario de acreedores por parte de la compañía en diciembre de 2009, no sin las quejas de la dirección por la forma de proceder de las autoridades locales. La fábrica retomaría posteriormente la actividad, aunque fue básicamente para liberar las instalaciones de las más de diez mil toneladas de concha almacenada como consecuencia de la paralización.

La propia compañía reconocía deudas de más de siete millones de euros que no pudo satisfacer. En julio de 2012, el juzgado decretó la disolución de la concursada, el cese de su órgano de administración y la apertura de la fase de liquidación, que concluyó el pasado mes de septiembre con el resultado antes comentado.

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