Imagen de la protesta frente a la subdelegación del Gobierno en Lugo por el cierre de Alcoa

PP, PSOE, BNG y Galicia en Común alientan la nacionalización de Alcoa

Feijóo trata de centrar el debate en el precio de la energía, pero reconoce que prefiere una nacionalización que el cierre de la planta de San Cibrao

En el Parlamento de Galicia hay fuerzas que instan a la nacionalización de la planta de Alcoa en San Cibrao y fuerzas que no se oponen, al menos, mientras nadie tenga una solución mejor. El despido de 534 trabajadores que la multinacional norteamericana ha puesto sobre la mesa avanza sin que se abra la puerta a una solución alternativa, como sucedió con las plantas de A Coruña y Avilés el año pasado. La compañía se mantiene firme en su intención de clausurar la última fábrica de aluminio primario de España y ha encargado a Garrigues la negociación con los trabajadores.

Desde que Alcoa rechazó la propuesta del Ministerio de Industria para desarrollar un plan industrial a diez años con un precio de la energía garantizado entre 25 y 35 euros por megavatio y hora han pasado dos cosas importantes. El Gobierno y, en particular, la ministra Reyes Maroto ha endurecido el tono con la multinacional, acusándola de tener decidido el cierre de la planta; de no haber realizado inversiones en las instalaciones; o de perseguir solamente ayudas del Gobierno, que cifró en más de 800 millones en la última década.  

Por otro lado, las voces que piden la nacionalización de la factoría o, cuando menos, una intervención temporal, se han intensificado. El último en sumarse fue Alberto Núñez Feijóo, que admitió este jueves que prefiere una nacionalización de la empresa antes que su cierre.  “Si el Gobierno no quiere dar un precio estable, que la nacionalice mañana, no pasado”, dijo. “Lo lógico es que si un gobierno quiere mantener una industria y no está de acuerdo con el titular de esa compañía, que la nacionalice y busque un comprador”, insistió.

Abaratar la energía, la obsesión del PP

Hasta el momento, el PP gallego ha centrado el debate sobre la crisis de Alcoa en la necesidad de garantizar un precio eléctrico competitivo para la industria electrointensiva. De hecho, el propio Feijóo recordó que si el Estado nacionaliza la planta de Lugo necesitará energía barata de manera estable para encontrar un comprador, el mismo dilema que el año pasado con la actual Alu Ibérica.

A pesar de esta postura, los populares no se han opuesto a mociones que instaban a la nacionalización de la factoría, como la aprobada en la Deputación de Lugo, sino que han optado por la abstención.

Gonzalo Caballero, el candidato socialista a la Xunta, manifestó en reiteradas ocasiones que la “intervención” de la planta de Alcoa está sobre la mesa, mientras que BNG y Galicia en Común apuestan por la nacionalización.

La Xunta tiene su propio plan, pero depende el Gobierno

Aunque el PP no se oponga, Feijóo exige tomar medidas para garantizar la viabilidad de la industria electrointensiva y ha lanzado un guante al Gobierno central poniendo en marcha las suyas. En plena campaña electoral, la Xunta aprobó declarar como sector “esencial y estratégico” la industria electrointensiva, de manera que se dará prioridad y se agilizarán los trámites para los proyectos de ampliación y modernización de estas empresas.

Feijóo instó al Gobierno a convocar la subasta eléctrica para repartir las primas de interrumpibilidad en el segundo semestre, una de las vías para inyectar ayudas a la industria de gran consumo energético, y a incrementar el presupuesto de las compensaciones por emisiones de CO2, pasando desde los 6 millones actuales a los 275 millones que permite la normativa europea.

Finalmente, señaló que la Xunta se compromete a apoyar los planes industriales de empresas hiperelectrointensivas mediante préstamos participativos.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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