Pescanova acusa al juez de llevarla al caos y admite una deuda de 3.000 millones

¿Se pretende realmente que una compañía de servicios, financieros, legales, de auditoría y consultoría, gestione y administre la crisis de una gran empresa, el día a día, de las actividades pesqueras, acuícolas, de transformación, comercialización o distribución? ¿Pretende el juzgado dar confianza a los clientes sobre que van a recibir, en tiempo y forma sus pedidos, con la sustitución del órgano de gobierno por una consultora (una extraordinaria consultora, por cierto)? ¿Pretende el juzgado que las decisiones empresariales, estratégicas, de negocio, de comercio, las adopte Deloitte por mandato exclusivo de un órgano administrativo regulador? Perlas de este tipo, a modo de preguntas, se incorporan textualmente al auto por el que Pescanova recurre la decisión el juez de lo Mercantil de Pontevedra de apartar a sus gestores de la compañía, con Manuel Fernández al frente, al tiempo que nombra a un único administrador concursal a designar por la CNMV, en este caso Deloitte.

¿Que gestione y negocie, en exclusiva, con las entidades financieras los acuerdos que se hayan de alcanzar para la continuidad de la actividad empresarial de las filiales?, inquiere de nuevo Pescanova en el recurso en alusión a la consultora desinada por el juez. El riesgo de liquidación al que se ve abocada la compañía, como ya avanzó Economía Digital, es una constante a lo largo del texto. Pero hay otras cuestiones relevantes que merecen detalle. Por ejemplo, la deuda de la compañía, reconocida por primera vez en estos más de dos meses de crisis: casi 3.000 millones, admite Pescanova.

El misterio de la deuda

“La cifra de pasivo comunicada por esta parte asciende hasta casi 3.000 millones de euros, entre pasivo directo, avales y pasivos de otras sociedades del grupo”, dice Pescanova en el recurso, para aclarar errores detectados por el juez en la primera comunicación al juzgado. Por ello, insiste, “sin despreciar que el error que había en la cifra de pasivo señalada inicialmente era de 88 millones de euros, en puridad este error no supone diferencia relevante si se atiende que el pasivo global de la entidad es de 3.000 millones de euros, y que la cifra no comunicada inicialmente no representa ni el 3% del pasivo global”, explica. Esos 3.000 millones representan más del doble de la deuda reconocida en las últimas cuentas, correspondientes al tercer trimestre de 2012.

“Sobre este particular”, abunda el recurso, “se debe tener en cuenta que el problema del endeudamiento del grupo radica en la cuestión contable de la determinación de la cifra precisa de deuda de filiales y participadas que debe ser consolidada en los estados financieros consolidados de Pescanova para la determinación de la deuda consolidada del grupo”. En este sentido, explica que “la compañía vino aplicando, con el pleno conocimiento y aquiescencia de su auditor, BDO, ciertos criterios contables, que han sido ahora objeto de revisión, por considerarse probablemente inadecuados”.”Ello ha obligado a un recálculo de la cifra de deuda del grupo, tarea de extraordinaria complejidad, que hubo de hacerse en los días previos a la solicitud de concurso”, se justifican.

El consejo y el caos

“Basándose en una mera presunción”, asegura Pescanova, “el auto considera que debe sancionársele al consejo de administración de la concursada con una medida (la suspensión) prevista por el legislador para los supuestos en que exista un riesgo real y objetivo para la compañía”. “Por supuesto que en el consejo, como los de muchas otras entidades, existen discrepancias entre sus miembros en la adopción de decisiones, pero tales discrepancias no significan que estas entidades sean ingobernables”.

“Lo que no se puede pretender es que todas las decisiones del consejo (y en, particular, las más difíciles de adoptar) cuenten con el respaldo de la totalidad de los miembros. Si asumiéramos esta tesis la práctica totalidad de las entidades de este país serían ingobernables”, se explaya.

El caos o yo, parece transmitir el comunicado de Pescanova en referencia al auto del juez, atribuible en este caso prácticamente en exclusiva al propio Fernández de Sousa-Faro. “No podrá concebirse un plan de viabilidad técnicamente bien fundado, y con ello una propuesta de convenio, sin un adecuado conocimiento de ello, labor que no puede hacer un auditor no conocedor del negocio, por lo que aboca a la empresa prácticamente a una segura liquidación, con gravísimo daño de todos los intereses afectados, e interinamente a la parálisis, la desorganización, la pérdida de valor, la desintegración, el caos y, en definitiva el perjuicio para la empresa, y como tal, para sus trabajadores y acreedores”.

La banca hace sus cuentas

La banca atrapada en Pescanova, cerca de 50 entidades españolas y extranjeras, ha comenzado a recibir datos «realistas y mínimamente fiables» sobre el mapa de deuda de la firma gallega, que podría acercarse a los 3.500 millones, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación económica de la firma gallega.

En concreto, según señalan las mismas fuentes, la deuda bancaria superaría los 3.000 millones de euros, de los cuales unos 1.900 corresponden a su matriz y el resto a filiales, tanto españolas como extranjeras. A este importe, se suma además unos 375 millones de euros correspondiente a las emisiones de bonos