Pequeños accionistas piden investigar la compra del Grupo Sedesa por Ezentis

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VENTA IRREGULAR

Juan Cotino, izquierda, cuando era consejero de Urbanismo de la Generalitat.

13 de junio de 2011 (17:14 CET)

Los 82.000 accionistas minoritarios de Ezentis han pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue el proceso de compra de la empresa Sedesa, propiedad de la valenciana familia Cotino, hace menos de un año. Los minoritarios opinan que el continuado descalabro de la compañía en bolsa se debe a la adquisición de la firma dirigida por Vicente Cotino, sobrino del político popular Juan Cotino. Y que la operación llevada a cabo por el presidente de Ezentis, Mario Armero, no ofrecía las garantías suficientes debido a la elevada deuda de la empresa de construcción valenciana.

El acuerdo para la integración de Sedesa en Ezentis incluyó todas las actividades nacionales e internacionales de obra civil, edificación, conservación, energías renovables y concesiones. Quedaron fuera de la operación las empresas con actividades inmobiliarias y las de capital riesgo.

En plena crisis del ladrillo, el sobrino del ex vicepresidente del gobierno de Francisco Camps consiguió vender el Grupo Sedesa, propiedad de la familia (que aún conserva un pequeño porcentaje) a la andaluza Ezentis, la antigua Avanzit, que la semana pasada se desplomó de nuevo en bolsa. La cotización vive un descalabro continuado, que ya acumula un desplome del 47% en lo que va de año.

El presidente de la empresa, Mario Armero, artífice del acuerdo con el sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, provocó las dudas del mercado al publicar unas cuentas que no reflejaban la situación real de la empresa. El socio de Cotino reculó y reconoció unas pérdidas mayores pero no recobró la confianza de los inversores. Todo lo contrario, y más, al conocerse que la compañía había solicitado preconcurso de acreedores para dos de sus filiales, Asedes Capital, y Ezentis Infraestructuras, es decir, la antigua Sedesa, ante la falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos. Las dos, propiedad de Vicente Cotino.


Armero, presidente y consejero en una empresa de Cotino

En septiembre de 2010, Ezentis, grupo empresarial cotizado en el mercado continuo español, y con más de 5.000 empleados en todo el mundo, tenía una facturación de 400 millones de euros, y preveía cerrar el ejercicio con un incremento de ventas del 10%. Armero era el encargado de liderar el proceso de crecimiento y expansión de la empresa, con más de 50 años de experiencia.

Pero la situación no era lo que aparentaba, como pusieron de manifiesto los auditores. PricewaterhouseCoopers expresó su escepticismo ante la operación de compra de Sedesa, y señaló en su informe anual, depositado en la CNMV, que la compañía de la familia Cotino tenia un fondo de maniobra negativo de casi 90 millones de euros y unas deudas muy elevadas que indicaban “incertidumbre” sobre la capacidad del grupo para continuar con sus operaciones.

Ampliación de capital


Para PwC, la salvación de la compañía dependía de un futuro proceso de refinanciación. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, la junta de accionistas aprobó una ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias por un importe total de 30 millones de euros, que puso en circulación más de 35 millones de acciones de 0,50 euros de valor nominal, y 0,35 de prima de emisión.

Armero es desde la semana pasada, presidente y consejero en la empresa coruñesa Leitosa, SA, cuyo administrador único y gerente es Vicente Cotino, accionista único a través de otra de sus empresas, Inversiones Imison, SL. La compañía se dedica a la investigación y exploración de yacimientos minerales y otros recursos geológicos, así como a su extracción y comercialización. Imison, que comparte sede social en Valencia con Ezentis Infraestructuras, explota y comercializa canteras de áridos, y se dedica a construcción de edificios e inmuebles.

La policía vincula a Vicente Cotino con la financiación ilegal del Partido Popular en el caso Gürtel. El sobrino del ex director general de la Policía durante el Gobierno de Aznar, y miembro destacado del Opus Dei, también comparte negocios, como los centros residenciales Savia, con el empresario alicantino Enrique Ortiz, implicado en la trama del caso Brugal.
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