Paso atrás en la resolución del 'tax lease': Bruselas ve insuficientes los datos enviados por España

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El Gobierno calculó que sólo habría que reintegrar 126 millones de las ayudas concedidas

Operarios del naval en Vigo trabajan en la construcción de un barco / EFE

20 de septiembre de 2013 (20:29 CET)

Un nuevo paso atrás en el tema de la resolución de las ayudas del tax lease, consideradas como ilegales por Bruselas. La Comisión Europea ha tachado este viernes de insuficientes los datos enviados por España para justificar que sólo hay que recuperar 126 millones de euros, en concepto de ayudas concedidas al sector naval.

“Las autoridades españolas aún no han mandado a Bruselas información suficiente como para pronunciarnos sobre la posible cifra de ayudas incompatibles a recuperar”, ha dicho un portavoz de Competencia, Antoine Colombani. “Lo que se ha recibido es una propuesta para la metodología de cálculo”, ha explicado.

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El Ministerio de Industria remitió esta documentación a Bruselas el pasado miércoles y cifró entonces en un máximo de 126 millones de euros el montante de ayuda a recuperar.

"La dirección general de Competencia de la Comisión está analizando la validez de esta metodología y es posible que aún solicite información adicional antes de responder sobre ese punto. Sólo con la aprobación de la metodología se podrán avanzar cifras sobre la devolución de la ayuda no compatible", resaltó.

Estimaciones españolas

En todo caso, el portavoz ha insistido en que la Comisión "nunca ha avalado las estimaciones que se hicieron antes del verano sobre la cantidad a recuperar" y ha apuntado que "todas las cifras publicadas provienen de estimaciones realizadas en España". Estas estimaciones oscilaban entre los 3.000 millones de euros que dijo el sector al principio y los más de 2.000 millones de los que habló el ministro de Industria, José Manuel Soria.

El Ejecutivo comunitario ordenó a España el pasado 17 de julio reintegrar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del tax lease entre 2007 y 2011. Las subvenciones deben devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
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