Ortega y Cortizo se enzarzan con Montoro en los tribunales por la liquidación de impuestos

Dos sentencias recientes han dado a José Manuel Cortizo Soñora y a Amancio Ortega una victoria y un triunfo parcial en la larga pelea judicial que mantienen con Hacienda por la declaración de impuestos de sus sociedades de cabecera.

Cortizo Cartera, la sociedad patrimonial del rey del aluminio, ha logrado una devolución de casi 100.000 euros que la Agencia Tributaria le había denegado al rectificar su liquidación de impuestos. Pontegadea Inversiones, el holding familiar del fundador de Inditex, ha conseguido en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esquivar parte de una sanción de 151.656 euros por irregularidades en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2003 y 2004.

Cantidades ridículas para el patrimonio que manejan ambas fortunas, pero que consuman los últimos episodios de una constante batalla judicial que acumula una decena de sentencias en los últimos cuatro años.

Ortega pierde más que gana

Los procedimientos que afectan a Pontegadea en los últimos tres años se han centrado en la liquidación del impuesto de sociedades de los ejercicios 2001, 2003 y 2004 y la declaración del IVA de 2004. El más dilatado en el tiempo ha sido también el más costoso para esa enorme fortuna que es Pontegadea Inversiones, con un patrimono neto de 7.125 millones.

José Arnau Sierra, vicepresidente de Inditex y hombre de la máxima confianza de Ortega, dirigió la ofensiva legal, al menos en sus inicios, para evitar una liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2001 de 1,2 millones –-la presentada por la sociedad, antes de la revisión de Hacienda, era de 0 euros– y, de paso, esquivar una sanción de 120.780 euros.

Hasta el Supremo

Llegó a conseguir ambas cosas. Las reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia (TEAR) le permitieron eludir la sanción. Pero Ortega fue más lejos y presentó un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que consiguió además anular la millonaria liquidación.

Tuvo que ser el Abogado del Estado a través de un recurso de casación el que diera continuidad al proceso en el Tribunal Supremo, que falló en favor de la Administración General del Estado y obligó a Pontegadea a pagar los 1,2 millones, aunque sin sanción de ningún tipo.

Una de cal y otra de arena

Ortega tiene suerte dispar en estos procedimientos. La sentencia más reciente le da la razón a medias. El TEAR le achacaba que en el impuesto de sociedades de Pontegadea de los ejercicios 2003 y 2004 figuraban «determinados gastos por servicios exteriores que no se acreditaban» y rechazaba «la deducibilidad de las retibuciones a un miembro del consejo de administración» porque no estaba acreditada su conexión con la sociedad.

El pasado 4 de marzo, el TSXG daba la razón a Pontegadea respecto a la deducción por remuneraciones y retiraba parte de la sanción de 151.656 euros.

Algo similar sucedió en septiembre del año pasado, solo que esta vez, el TSXG tumbó los argumentos del empresario. No se admitieron como deducibles los «350.000 euros» que imputaba Ortega a la liquidación del IVA de Pontegadea por «honorarios de asesoramiento inmobiliario en Paris».

Cortizo gana siempre

Quien no falla nunca es Cortizo Soñora, que por el escaso importe de las cantidades reclamadas en comparación con el tamaño de su emporio empresarial demuestra que todo ahorro es bueno y que detrás de una gran compañía siempre hay buenos abogados.

Cortizo Cartera logró en diciembre de 2014 que Hacienda le devolviera 86.506 euros del impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos. Tuvo que acudir para ello al TSXG.

Fue más lejos dos años antes, hasta la Audiencia Nacional. Allí puso freno a las discrepancias mostradas por los inspectores, que le reclamaron 26.987 euros de la liquidación del IVA en los ejercicios 2002 y 2003. Cortizo volvió a salir victorioso.

También en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en febrero de 2012, Cortizo Cartera volvió a ganar. El fallo le dio la razón al oponerse a la liquidación de las retenciones de capital mobiliario IRPF 2002-2003 realizada por el TEAC, que le reclamaba 16.169 euros y le imponía una sanción de 8.762. La sala anuló ambas.