Navantia y la mano que mece sus contratos

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El consejo de administración del grupo público de astilleros, en el que se sientan tres miembros de Defensa y otros tres de Hacienda, apenas tiene atribuciones sobre su opaca política contrataciones

José Manuel Revuelta, presidente de Navantia

en A Coruña, 20 de abril de 2016 (02:34 CET)

La cuestionada política de contratación de Navantia tiene un peculiar modus operandi. Al margen de hacer gravitar la mayor parte de sus contratos sobre procedimientos negociados sin publicidad, una excepción que en el caso de los astilleros públicos se convierte en norma, hay varias circunstancias que evidencian una praxis que ha sido calificada de oscura desde diferentes ámbitos. 

Navantia  juega con ventaja: no tiene la condición de poder adjudicador de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Sin embargo, llega a adjudicar unos 174 millones en algo más de un año. Esa dualidad le permite establecer unas normas de contratación que siempre han estado en tela de juicio. Por ejemplo, en el grupo "no estarán sujetos a publicidad los contratos, siempre que se justifique debidamente por el órgano de contratación", dicen sus directrices de contratación. 

La lista de exenciones

Están exentos de publicidad, en todo caso, contratos en los que el valor estimado sea inferior a 300.000 euros,  ya sean para la construcción o reparación de un buque o de suministros y servicios. En Navantia, para los contratos de importe inferior a 60.000 euros, la tramitación del procedimiento recae en el director de la Unidad de Producción, el director de Aprovisionamientos Generales, o puestos similares.  

En el caso de los contratos de importe superior a 300.000 euros para prestación de servicios o de importe superior a 600.000 euros para contratos de adquisición de bienes, la tramitación  recae en un Comité de Aprovisionamiento. 

Un núcleo duro

El Comité de Dirección tendrá la última palabra sobre la adjudicación, decisión de la que se dará cuenta al consejo de administración. Es decir, el máximo órgano de administración del grupo naval está al margen de la política de contrataciones, de la que simplemente se informa una vez resuelta. Sea del importe que sea. 

En el consejo de Navantia se sientan representantes de varios ministerios, pero son mayoría los de Defensa y Hacienda, con tres representantes por cada departamento. Son consejeros de Navantia, por ejemplo, Estanislao Pery Paredes, almirante jefe de Apoyo Logístico de la Armada; Carlos Sánchez Bariego, secretario del Observatorio Vida Militar del Ministerio de Defensa, o Juan Manuel García Montaño, director general de Armamento y Material. Entre otros, también está Fernando Rojas Urtasun, subdirector de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico del Ministerio de Hacienda, y  Gabriel Álvarez del Egido,  subdirector general del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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