Navantia se estrena con los bancos: pide dinero a Santander y March para floteles y petroleros

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El levantamiento del veto a la construcción civil abre a la empresa pública nuevas vías de financiación

Astilleros de Navantia | EP

en A Coruña, 04 de julio de 2016 (00:54 CET)

Navantia atraviesa por una situación financiera delicada. Sólo los artificios contables le permiten maquillar las mayores pérdidas de su historia –se dejó 166,7 millones en 2015– y esquivar la quiebra. Las inyecciones de capital son el único balón de oxígeno que tiene la empresa pública para poder mantener su actividad.

Hasta el pasado año, el Ministerio de Industria era quien financiaba estas aportaciones extraordinarias "mediante préstamos que no devengan ningún tipo de interés y que posibilitan el desarrollo de ciertos programas militares para el Ministerio de Defensa", tal y como recoge en su memoria la sociedad.

Los cobros de estas operaciones, instrumentalizadas mediante contratos de venta con pago aplazado, se reciben de forma gradual a lo largo del desarrollo de los proyectos, mientras que el calendario de devoluciones está alineado con el calendario de pagos del Ministerio de Defensa.

Nuevo panorama

Sin embargo, en 2015 las cosas cambiaron. Navantia recurrió por primera vez a los bancos, para financiar la construcción de buques civiles. Ese año, Santander Investment concedió a la empresa pública 116 millones de euros con vencimiento a corto plazo para el desarrollo del programa BAP, un proyecto estratégico para la compañía que supuso su regreso al mercado civil después de 12 años de veto, y que se concretó en la construcción del flotel 'Orgullo Petrolero' para la firma mexicana Pemex.

La otra entidad con la que Navantia se estrenó como prestatario fue Banca March, que le concedió 45,7 millones de euros para el desarrollo del programa Suezmax, en el que el astillero ferrolano participa con la construcción de las proas de los cuatro petroleros encargados por la naviera del Grupo Ibaizabal.

De momento, el volumen de los préstamos es muy discreto, en comparación con los 3.597 millones de euros que figuran en el apartado 'otros pasivos financieros' de la memoria y que corresponde fundamentalmente a las aportaciones del ministerio para sanear las cuentas y garantizar la viabilidad de la empresa pública.
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