Navantia pagará de una tacada los recortes en nóminas de los últimos tres años

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Navantia y ha confirmado la anulación del convenio colectivo de los astilleros públicos. La sentencia pone fin a una batalla judicial que ganaron los sindicatos en la Audiencia Nacional y que la empresa prolongó hasta el Supremo.

El regreso al convenio anterior, el tercero en lugar del cuarto, conllevará quebranto económico para Navantia, pues deberá abonar algunos de los pagos que había omitido en el nuevo pacto. Fundamentalmente los relativos a las promociones internas y automáticas (asimilaciones) a las que tienen derecho los trabajadores cuando suman determinados años de antiguedad en la empresa.

Reunión en Madrid

Aunque varía según las categorías, el bonus más elevado ronda los 180 euros mensuales. Se desconoce la cifra exacta de trabajadores que tenían derecho al aumento salarial impagado, aunque se estima que serían más de un centenar cada año desde la entrada en vigor del cuarto convenio, en 2014. Las asimilaciones afectan sobre todo a los astilleros militares, más que a los civiles.

Sindicatos y dirección del astillero público se reúnen mañana en Madrid, un encuentro ya previsto, pero en el que se espera que la empresa ponga sobre la mesa una fórmula para abonar lo debido a los empleados. El cuarto convenio, definitivamente anulado, también introdujo otros recortes en materia de becas, licencias retribuidas o comedor.

La «traición» sindical

Para los sindicatos gallegos, que mantuvieron siempre su oposición al pacto anulado, es una victoria moral en la polémica negociación de aquel convenio. La Audiencia Nacional ya había concluído en 2015 que «el comité intercentros que suscribió el convenio no estaba legitimado para hacerlo».

Ese órgano de representación tenía como presidente a José Antonio Oliva (CC.OO.), que apostó por firmar el documento y que, posteriormente, acabaría como jefe de personal de Navantia en la Bahía de Cádiz. Los representantes sindicales de Ferrol emitieron entonces un comunicado llamándolo traidor.

UGT, CSIF y CC.OO. en Andalucía apoyaron el convenio, mientras que el entonces presidente del comité de empresa en Ferrol, Ignacio Naveiras, también de CC.OO., se negó a firmarlo, al igual que la CIG.

La gestión de Navantia

Desde entonces ha habido episodios de tensión entre los sindicatos de uno y otro lado donde Navantia asienta sus astilleros. El último episodio, por el desvío de carga de trabajo a Ferrol, igual que sucediera antes a la inversa con el flotel de Pemex.

Para los sindicatos, la resolución del Supremo es también una prueba de la deficiente gestión de la dirección de Navantia. Llevan varias semanas pidiendo la salida de José Manuel Revuelta de la presidencia de los astilleros públicos.

Javier Galán, presidente del comité de empresa en Ferrol, valoró el fallo judicial como un «un duro golpe tanto al presidente de la empresa como a la directora de recursos humanos ya que aprovechando el debate del IV Convenio Colectivo chantajearon a los trabajadores con la presencia de un responsable del comité intercentros».