Navantia da por perdido el dique flotante sin ayudas públicas

Bruselas ha puesto contra las cuerdas la vieja promesa de un dique flotante para Ferrol, que permita acometer reparaciones de grandes barcos y de buques de última generación, sobre todo gaseros. La Comisión Europea considera que la financiación que debe aportar el Estado para acometer la infraestructura es contraria al derecho comunitario, ya que debe ser considerada una ayuda pública contraria a las condiciones de igualdad en las que la empresa debe competir en el mercado.

Esta interpretación es poco menos que una sentencia de muerte para el dique flotante. Así lo entiende Navantia, que ve muy difícil construir la infraestructura sin ayuda de las arcas públicas. Los servicios jurídicos del grupo de astilleros entienden que, “teniendo en cuenta las necesidades económicas” del proyecto, “difícilmente podría llevarse a cabo sin incurrir en una ayuda pública o financiación privilegiada, contrarias a Derecho comunitario».

Límite del 15%

Ambas opciones han sido vetadas por Bruselas, incluida posibilidad de que se ofrezca una financiación pública con mejores condiciones que las que marca el mercado.

Si la financiación pública del proyecto se concediera en condiciones «no de mercado», el riesgo de que se considere que dicha financiación supone una ayuda de Estado «sería muy elevado», explican los servicios jurídicos de Navantia.

La compatibilidad eventual de todo potencial apoyo público al dique flotante está supeditada al respeto de los techos de ayuda regional a la inversión, es decir, los topes fijados por la Comisión para grandes empresas. El limite está fijado en el 15%, pero, a pesar de captar inversores privados, Navantia estima que sería necesario cuando menos un apoyo del Gobierno del 50% de la inversión.