Naturgy se juega 67 millones en ayudas a Meirama y sus térmicas
La Unión Europea investiga los incentivos recibidos por las tres centrales de carbón que Naturgy cerrará en 2020 para eliminar el óxido de azufre
Las centrales térmicas de Naturgy en A Coruña, Asturias y León avanzan hacia su cierre en junio de 2020 con algunos capítulos todavía por cerrar. No solo está pendiente de acordar el “plan de transición justa” que garantice la actividad económica en las regiones afectadas. También están en el aire parte de las ayudas recibidas por la compañía para reducir el impacto ambiental de sus térmicas y cuya legalidad ha sido puesta en duda por la Unión Europea.
Bruselas investiga desde 2017 si algunos de los llamados “incentivos medioambientales” son conformes a la normativa o si, como consideró de manera preliminar, suponen una ayuda ilegal de Estado que debe ser retornada al erario público. Concretamente, se trata de subvenciones que recibieron las plantas de carbón desde 2008 para eliminar el óxido de azufre en la generación de electricidad.
Naturgy, Endesa e Iberdrola se juegan cientos de millones
Naturgy ha puesto cifra al impacto que tendría una resolución desfavorable de la Unión Europea. Según indica en sus cuentas anuales, el quebranto podría alcanzar los 67 millones, ya que la antigua Gas Natural Fenosa recibió ayudas para sus tres centrales –Meirama, Narcea y La Robla–, algo similar a lo que le sucede a Endesa, Iberdrola, EDP y Viesgo. Las ayudas investigadas por la Comisión Europea ascendían en conjunto a unos 440 millones, según estimó en 2017 la comisaria europea de Competencia Margrethe Vestager.
En el caso de Naturgy, los 67 millones investigados corresponderían a incentivos “para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes”, según lo explica la propia compañía, que ahora podría tener que devolver las ayudas de manera total o parcial en caso de una resolución desfavorable de la UE.
Incentivos que implantó Zapatero cuando eran legales
Los incentivos se activaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 para aquellas plantas que acometieran previamente inversiones en desulfuración. Las ayudas se canalizaban a través de Red Eléctrica dentro de los pagos por capacidad. El Gobierno de Mariano Rajoy defendió, una vez conocida la investigación de Bruselas, que estos incentivos medioambientales eran legales en el momento en el que se concedieron y que sería la UE quien habría cambiado la normativa, por lo que no podría aplicarla con carácter retroactivo.
